Hace unos días, el secretario general de la sección 72, Víctor Manuel Velarde Díaz, cuestionó que la fiscalía sur poniente no les informe de los avances de las investigaciones del caso del directivo, encontrado muerto la noche del 9 de agosto del año 2013 en Tlaltizapán.
“La fiscal nos ha dicho que nada mas la familia está obligada a preguntar cómo está el asunto. Uno como representante sindical no tiene derecho a ir a averiguar”.
Aseguró que no les informan de ningún avance de las investigaciones. “Me voy a poner en contacto con la familia de Emilio, para que me faculte para ir a preguntar e ir a presionar, para que ya den resultados efectivos estas personas, porque a uno lo hacen a un lado. Saben que la familia de Emilio son tres, cuatro gentes; nosotros somos más de mil gentes que estamos inquietas por esa situación. A uno lo hacen a un lado, qué no tiene derecho a ir a preguntar cómo está la situación”.
Mencionó que podrían unir fuerzas con las organizaciones cañeras para exigir resultados, no como representantes cañeros y sindicales, sino como ciudadanos.
Por su parte, la fiscal de la región sur poniente, Elizabeth Lázaro Torres, confirmó que a quien se le debe dar información es a la familia.
“Que se acerque la familia, para que a través de ellos le pueda dar información. Espero que entiendan que a nosotros la ley nos implica que tengamos que dar información única y exclusivamente a los afectados, no nada más aquí en el fuero común, sino ya hasta en cuestión federal, porque así nos ciñe la ley, a dar la información, por secrecía, directamente a los afectados”.
Aclaró que cuando ella llegó al cargo, el asunto ya estaba en proceso pero sí se ha reunido con los familiares de Romano Cruz.
“Lo único que puedo comentar es que esta carpeta de investigación, cuando su servidora llega a esta fiscalía zona sur poniente, ya estaba en proceso. Con lo que tenemos dentro de la carpeta, se están generando pruebas periciales, pero no en el estado, sino con el apoyo de otros estados y estamos en espera de esos resultados”.
