Tras varias horas de debate en cada una de las cinco mesas desarrolladas, se leyeron las conclusiones del encuentro.

La primera fue la mesa cinco: “Hacia la reinserción social y la no criminalización de los jóvenes y adolescentes con adicción”, en donde Patricia Mora enfatizó que se requiere mayor capacitación para los internos en los penales, formación de valores e incentivos para contratarlos cuando salgan.

Por otra parte, estudios para determinar el origen del consumo de drogas en jóvenes, que el modelo de justicia se ajuste para la reintegración y no al castigo, que vuelvan las materias de civismo y ética a las escuelas, atender a los menores en situación de calle y regular la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas, entre otras propuestas.

Le siguió la mesa cuatro: “Nuevo sistema de procuración de justicia y de sistema de justicia penal”, donde Anel Pineda Marín expuso que se analizaron sus fortalezas y debilidades. Destacó que por falta de personal las instituciones tienen excesiva carga de trabajo, falta denuncia ciudadana y hay percepción de corrupción en las instituciones. Faltan recursos materiales para los operadores, hay saturación de centros penitenciarios de más del 120 por ciento.

Se propuso reorientar el presupuesto hacia las áreas operativas, garantizar la autonomía de la Fiscalía, difundir el sistema de justicia penal y los derechos de las víctimas. Combatir la impunidad y corrupción con cero tolerancia a funcionarios y ciudadanos involucrados en actos de corrupción.

Sugirieron evaluación constante de los funcionarios y que haya transparencia en las mismas, así como aplicar reingeniería administrativa en la Fiscalía y la policía de investigación.

En la mesa tres: “Nuevo modelo policíaco con Mando Único Coordinado”, Alberto Capella resumió que se requiere implementar un mecanismo confiable para que la ciudadanía pueda presentar denuncias, establecer un protocolo en los retenes para no violentar los derechos humanos y mayor capacitación a los oficiales, por lo que se reconoció que no todos los ciudadanos saben lo que es el Mando Único.

Se propusieron cámaras de videovigilancia. Apuntó que las comunidades que se rigen por usos y costumbres se encuentran fuera de un esquema de derecho, por lo que es obligación de la autoridad evitar que esas comunidades se rijan por sus propias leyes. Se propuso hacer normas para investigar a las personas que hayan acumulado fortunas, para que se conozca su origen y, en su caso, la autoridad los pueda confiscar. No se debe militarizar la seguridad pública y reforzar los exámenes de control de confianza con transparencia.

Capella se refirió al mundial de futbol y dijo que es el único evento en donde todos los mexicanos se sienten uno con su selección y no cuestionan de qué partido político, religión o preferencia sexual es su vecino.

“Nos sentimos todos hermanos, pero una vez que termina se pierde toda unidad y se vuelve a la división y polarización”.

En la mesa dos: “Prevención social del delito en territoritos de paz y reconciliación social”, se habló de la necesidad de fortalecer las sanciones penales a delincuentes, generar más fuentes de empleo y mejor remuneradas, impulsar una ley que regule violencia en medios de comunicación e incrementar la presencia de espacios recreativos para jóvenes.

Finalmente, en la mesa uno: “Poder ciudadano y gestión gubernamental”, Saúl Medina enfatizó que los ciudadanos reclaman confianza, reclaman seguridad y que estos diálogos verdaderamente rindan frutos “que tanto estamos pidiendo”.

“Hemos detectado que hay desconfianza, hay resistencia, pero están aportando para que las autoridades logren lo que los ciudadanos quieren. Nos hemos comprometido para seguir esta secuencia”.

Algunos asistentes comentaron que en algunas instituciones los obligaron a asistir.