La alcaldesa Hortencia Figueroa Peralta dio a conocer que cuando asumió la administración, tenían ya 35 mdp en laudos, de los cuales han pagado 5.9 mdp y a la fecha aún deben 14.7 mdp y cuando inició este gobierno, encontraron que entre 80 u 90 trabajadores de la administración pasada anterior no fueron finiquitados.
“Hay laudos significativos que desde hace varios años han estado en una etapa de exigir su cumplimiento, incluso ante la justicia federal, algunos con la aplicación ya del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, que (nos) pone en riesgo de destitución. Había algunos laudos que eran apremiantes por la situación de ejecución en la que se encontraban”.
Dijo que han negociado con algunos trabajadores, pero no todos han tenido la misma disposición. En la mayor parte de los casos, hubo la voluntad de que les cubrieran la mitad de lo que el laudo valía; en algunos otros casos fue menor cantidad y en algunos casos mayor, dependiendo la exigencia y lo apremiante del laudo”.
Resaltó que hubo por lo menos cuatro trabajadores que tenían laudo a favor, pero se querían reincorporar al gobierno, por lo que se les ofreció reintegrarlos a cambio de su desestimiento al laudo.
“Este tema de laudos ha sido un tema en el que durante varios años hubo omisión de parte de la autoridad, pero además dolo en algunos casos, porque algunos laudos se pagaban siempre y cuando el trabajador aceptara dar alguna cantidad a cambio de la misma que recibía, a favor de algunos servidores públicos, y esto fue conocido en la pasada administración. Trabajadores aquí han admitido que sí están dispuestos a recibir una menor cantidad. El compromiso de este ayuntamiento, es de que sí hay un arreglo con el trabajador, la cantidad que se pone en el cheque es la que recibe el trabajador y no hay ningún condicionamiento”.
Anticipó que hay asuntos que por la misma disposición de los trabajadores o porque se encuentran en integración, tendrán que darse para la siguiente administración.
“Lamentablemente, el trabajador se aferra a que necesariamente se le tiene que cubrir una cantidad y no está consciente de que incluso son conflictos que nosotros heredamos, pero que hay la necesidad de negociar y para eso se requiere la voluntad de ambas partes”.
Enfatizó el caso particular de Francisco Neri Chamú, quien demandó al gobierno y a pesar de que fue recontratado en el trienio 2006-09, siguió el proceso y ya le deben tres millones de pesos. “Él se incorporó en la administración de Alberto Cabrera y no se le puso como condición haberse desistido y eso permitió que se acumularan las prestaciones. Nosotros hemos ido abonando al Tribunal Estatal de Conciliación, pero el ex trabajador no ha tenido la disposición para conciliar”.
También aclaró que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene ahora un criterio sobre los salarios caídos, e incluso la Suprema Corte de Justicia federal también se ha pronunciado sobre la legalidad de imponer un tope de hasta seis salarios mínimos como máximo para los salarios caídos y eso disminuiría sensiblemente el pasivo que se podría dejar.
De su propio gobierno, mencionó que están por llegar a la conciliación con Raúl Mendoza, quien fue su director de desarrollo agropecuario, y recurrió a la demanda, a pesar de que tenía firmada la renuncia.
Apuntó que también a Héctor Maldonado acordaron pagarle casi 300 mil pesos, para evitar la destitución de los integrantes del Cabildo.
Refirió que el actual personal de confianza tiene el compromiso de que al terminar la administración se retirará también.
MÁS DE 50 EX TRABAJADORES HAN CONVENIDO CON EL GOBIERNO
A lo largo de la actual administración, el municipio ha erogado casi seis millones de pesos en pago de laudos y demandas laborales.
Los ex trabajadores que se han desistido de pago, a cambio de su reinstalación, son José Luis Montoya Bandera, Reyna Cortés Valle y Elba Liliana Valle Chumacero. Se ha dado sólo la reinstalación (sin desestimiento) de Miriam Figueroa Castro.
Hay trabajadores a los que se les ha pagado sólo la suerte principal de su demanda, como Yadira Espinoza Cerezo y Sandra Nayeli Ríos García y se le ha depositado su suerte principal (de la demanda) a Soledad Paz Martínez y Manuel Alfredo Maldonado Bautista.
Se ha pagado parcialmente a Adán Salgado Yáñez y a Francisco Neri Chamú. En el caso particular de este ex trabajador, quien laboró en la administración de Nelson Torres y Alberto Cabrera, se le adeudan tres millones de pesos.
Se ha finiquitado, con cantidades importantes, a Elisa Obispo Alonso, Marianela Monreal Torres, Alberto Mójica Salgado, Edgar Antonio Ortiz, Horacio Reyes Garduño, Andrés Abúndez Díaz, Omar Ramón Figueroa, Adrián Huicochea Martínez, Bertín Marín Bandera, Araceli Martínez Rojas, Gerardo Paz Cabrera, Ruth Almanza González, Jairo Abimael Flores Armenta, Violeta Malpica Rivas, Carlos García Morales, Dora María Malpica Gutiérrez, Fernando Santana Soto y Maximiliano Bravo Valle. Con menos de 100 mil a Patricia Estrada Ayala, Juvenal Ortiz Fernández y con cantidades de 40 mil pesos o mucho menos a Odilón Contreras Chautenco, Miguel Ventura Tapia Betanzos, Lidia Jessica Aragón Soriano, Raúl Lechuga Márquez, Ernesto Astudillo Flores, Miguel Ángel Carpintero Irazoque, Marco Antonio Rodríguez Lagunas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Lucas Amaro Calderón, Cristino Barrios Arriaga, Elvira Cortez Rodríguez, Celia Vargas Jiménez, Miguel Ángel Martínez Torres, Maura Calletano Loaeza Alicia Medina, Marco Antonio Díaz Cerón, Isauro Guerrero Ayala, Elder Alain Lagunas Pérez, Olga Pastrana Pérez, Ganiba Valladares Sánchez, Martha Figueroa Roa, Eduardo Palacios Talavera, María Cruz Tajonar Sánchez, Alejandrina Balmacera Peña, Felipe Crespo Martínez, Adriana Liset Ocampo González, Nepthali Carmen Sandoval Rodríguez, Gines Fabián Rodríguez, Santiago Fabián Rodríguez, Alfonso Meneses, Claudia Azucena Pineda, Salvador Guerrero Solís y Adriana Martínez Torres.
