En conferencia de prensa, el dirigente resaltó el “malestar” de la cámara por la actitud del alcalde, Matías Quiroz Medina, quien en un año no los ha querido atender, violentando la ley.

“Desde mayo del año pasado solicitamos llegar a un convenio en materia de registros municipales, pero no hemos podido por las actitudes del municipio. En un principio pensamos que era algo personal de la comisión, integrada por el secretario, el director de Hacienda y el jurídico del Ayuntamiento, que había designado el presidente municipal, la que no quería darnos respuesta, pero en las últimas dos reuniones que hemos solicitado directamente con el edil, éste no se presentó a pesar de que estaba en la oficina”.

Aseguró que lo único que puede cobrar el municipio, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 10A, por concepto de registros municipales, son los giros que expenden bebidas alcohólicas, todos los demás están exentos de pago.

Ejemplificó el caso de Jojutla, en donde sólo pagan los giros con venta de bebidas alcohólicas, todos lo demás ni un peso.

“Esto es una falta de respeto a la ley y a la ciudadanía. Lo que quiere el alcalde es obtener el mayor recurso posible de los comerciantes. Tiene una actitud recaudatoria, confiscatoria, que la ley no les faculta”.

Expuso que el convenio que propone la Canaco es que se aplique la ley de Coordinación Fiscal y aunque, como en Jojutla, no deberían pagar nada, están de acuerdo en contribuir con alguna cantidad, aunque sería tarifa única, salvo en la venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el Ayuntamiento quiere cobrar en función del tamaño del negocio, pues a un negocio de venta de pinturas le quiere cobrar 480 pesos, a los abarrotes 240 pesos y a una gasolinera 60 mil pesos, cuando la Canaco quiere que se pague, por cada uno, tan sólo 50 pesos.

Resaltó que en el caso de la gasolinera, el Ayuntamiento la pretende excluir del convenio, porque argumenta razones de protección civil y riesgos, lo cual violenta la ley porque excluye a la cámara de defender a su agremiado en este caso y, además, la ley no permite ningún tipo de cobro por protección civil. “Y es que dicen que antes la gasolinera pagaba 60 mil pesos y cómo ahora va a pagar 200 pesos”.

Señaló que tienen una nueva posibilidad de audiencia el próximo 16 de junio, que de no ser atendidos, recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).