En su acostumbrada manifestación de los jueves en la explanada de la presidencia municipal (y así continuarán hasta las próximas elecciones, según dijeron), Marcos García Álvarez, miembro de esta organización, refirió que el tema central de la protesta del día de ayer, es que existe una lista de deudores al municipio con muchos personajes de administraciones pasadas, como los ex ediles Nelson Torres Mondragón, Alberto Cabrera y su esposa -que fue síndica en la administración pasada-, Martín López Álvarez y muchos otros, que rebasan los tres millones de pesos. “Son gentes que quieren volver a ser funcionarios públicos, pero que no han saldado las deudas que tienen con el municipio. Todos los adeudos son una afectación patrimonial a los ciudadanos del municipio”.

Mostró un documento realizado durante la entrega-recepción que se elaboró al principio de la actual administración y que refiere que entre deudores diversos, cuentas por pagar, servicios personales y otras situaciones financieras, la administración actual recibió con un déficit de 69 millones de pesos.

Se refirió en particular a los deudores diversos y aunque reconoció que no sabe si la información es vigente aún, a un año de su elaboración, aseguró que desde el principio de la administración actual solicitaron información y no se las han dado, y además el gobierno no ha informado públicamente lo contrario.

“La presidenta municipal actual, Hortencia Figueroa Peralta, se comprometió a que si había irregularidades iba a presentar las demandas correspondientes y resulta que a casi año y medio de su gestión, no tenemos conocimiento de que haya una sola demanda en contra de las personas que afectaron el patrimonio municipal”.

Por su parte, Hortencia Figueroa Peralta aseguró que sí se han hecho requerimientos y la mayor parte de ellos son listas que se generaron en un esquema de financiamiento de desarrollo económico y agropecuario.

Expuso que hay un caso de un empresario de bienes raíces, que aparece como deudor de dos millones de pesos, que ya fue aclarado y está por formalizarse. “Sí ha habido requerimientos para que se pueda dar la devolución o la aclaración correspondiente”, aseveró.

Destacó que los pasivos vienen de varias administraciones atrás y en algunos casos sólo tienen la lista de pasivos, por lo que no se han podido aclarar. Afirmó que el dictamen del estado de la administración, con todas las observaciones de lo que encontraron, se lo entregaron a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), órgano que sí está facultado para investigar.

“El camino correcto es enviar primero estas observaciones a la auditoría y ésta, después de la integración de los expedientes, tiene que determinar en qué observaciones no hubo ninguna solventación para formalizarse en una denuncia. A la fecha, la auditoría no nos ha contestado al respecto”.