Jojutla.- Como consecuencia del análisis de un exhorto del Congreso del estado a todos los municipios, el cabildo de este lugar concluyó que el Poder Legislativo hace muchos exhortos, pero no aporta recursos para cumplirlos.
En sesión realizada la mañana de ayer, el cuerpo colegiado revisó el punto de acuerdo que hizo la actual legislatura, de solicitar al poder Ejecutivo del estado, así como a los 33 ayuntamientos, para que en coordinación con las dependencias correspondientes, se instrumente un programa de instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia y botones de pánico al interior de los vehículos que ofrecen el servicio del transporte público.
El secretario municipal leyó los considerandos de los diputados, en los que señalan que debido a que en la entidad la delincuencia se ha disparado, adoptando características “alarmantes”, por un creciente uso de armas de fuego, violencia hacia pasajeros y conductores, y cobro de peaje exigido a los transportistas, además de incorporación a la delincuencia de niños y adolescentes, -muchos de los cuales actúan bajo el influjo de las drogas-, los ayuntamientos deben instrumentar un programa de instalación obligatoria de estas cámaras. Instalar tales dispositivos, abatiría el índice de asaltos y delitos relacionados, afirman los diputados, por ello aprobaron emitir dicho punto de acuerdo.
Sin embargo, la petición del Congreso causó confusión entre los concejales, quienes cuestionaron quién va a pagar tales dispositivos.
El regidor Atanasio Pérez Villalobos, dijo que primero se tendría que contar con un presupuesto y saber de dónde obtener recursos antes de aprobar el exhorto. Abel Martínez Salgado consideró que obligar a los transportistas a instalar los dispositivos sería lastimar su economía; mientras que Gerardo Sánchez Mote opinó que los transportistas no cumplen con cambiar sus unidades, por lo que sí les debe obligar a hacer un esfuerzo y colocar los dispositivos mencionados, que son para seguridad de los pasajeros y para ellos mismos.
El síndico municipal, Manuel Juárez Policarpo, consideró que la idea central del exhorto “es buena”, pero “con todo respeto” para el Congreso del estado, le faltó coherencia. “El exhorto debió ser para el gobierno del estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que se implementaran esas medidas. Ellos deben tomar la primera medida de solución, no derivarla a los municipios.
La alcaldesa, Hortencia Figueroa, coincidió en que “tenemos actividad intensa del Congreso del estado con los exhortos, pero es importante señalar que la mayor parte de ellos requiere de disponer de recursos para implementarlos, y si los exhortos no sólo fueran enviados con la buena intención, sino con la disponibilidad de recursos, sería mucho más fácil cumplirlos”.
