Martín Palma Flores, vecino de Xoxocotla y padre de uno de los policías implicado en ese caso, destacó que la madrugada del 8 de febrero del año pasado, en Cuernavaca, se dio un enfrentamiento a balazos entre policías que después el gobernador calificó de atentando al procurador.

Dijo que los policías estaban trabajando y sólo obedecieron órdenes y ahora ellos están detenidos, y el verdadero responsable está libre. “Según ellos es un proceso legal, pero ya llevan más de un año en el Cereso de Atlacholoaya y no se ve ninguna mejora. Hasta ahorita no se ha llevado a cabo siquiera la audiencia intermedia. No se ha avanzado. Sobre esto hemos pedido que se acelere este proceso”.

Apuntó que la última audiencia se suspendió porque los 10 policías se ampararon, pero en cuanto se lo indiquen, se quita el amparo y comienza nuevamente la audiencia. “No se puede vivir así, no podemos rendir en nuestros trabajos porque moralmente estamos afectados”, externó.

Por su parte, el abogado Israel Rafael Pérez, quien apoya a los familiares, apuntó que por el tiempo que ha pasado se ha estado vulnerando la garantía de legalidad y debido proceso. “Cualquier persona que se encuentre privado de su libertad, cuenta con las garantías mínimas de que se les administre justicia en los términos y plazos que la ley señale. A más de un año de haber sido privados de su libertad, la etapa del procedimiento no llega siquiera a la etapa intermedia. Aquí el Poder Judicial debe poner atención a ese asunto para que no se vulneren las garantías fundamentales de los imputados. Lo que se busca es que el Poder Judicial, de oficio, impulse el procedimiento y cuanto antes pueda resolver”.