El pasado 24 de enero el gobierno municipal colocó sellos de clausura en los trabajos de la torre ubicada en dicha colonia, ya que los vecinos argumentaban que era un riesgo para su salud. El municipio advirtió que se estaba infringiendo la normatividad y la empresa a cargo debía de cumplirla, por ello suspendieron los trabajos.

Sin embargo, los vecinos escucharon rumores de que la empresa seguía laborando en el domicilio donde está la torre (y que pertenece por cierto a los padres de una regidora), por lo que solicitaron al gobierno municipal una inspección.

Damaris Raquel Cabello Rosas, vecina de la colonia, manifestó que en efecto, el departamento jurídico del municipio realizó la visita de inspección, pero no se realizó como ellos hubieran querido. “Queríamos pasar a ver que ahí están los sellos y que no se han violado. Nosotros lo que queremos es que desmantelen la torre y que también clausuren la entrada de la casa”.

Dijo que insistirán ante el gobierno municipal, al que consideran responsable de haber dado los permisos, hasta que quiten la torre como lo han hecho en otros lugares, luego de protestas.

“Queremos que la quiten porque sí nos daña a la salud”.

Señaló que ayer los vecinos tendrían una reunión general para evaluar la situación, en donde además pasarían un video con los daños a la salud que ocasionan estas antenas de telefonía celular.

Por su parte, Carlos Ríos Figueroa, director de Protección Civil, confirmó que por petición de los vecinos se apersonaron elementos tanto de Protección Civil como del área jurídica del Ayuntamiento, para verificar que no se ha hecho ningún tipo de trabajo en el equipamiento de la torre, aunque los vecinos manifiesten lo contario. “Se verificó que no hay ninguna violación a los sellos y que tampoco se está instalando ningún equipamiento”.

Consideró que los vecinos están en su derecho de manifestarse y pedir el desmantelamiento de la torre, pero “el Ayuntamiento lleva un procedimiento jurídico y legal a través de la instancia correspondiente”. Advirtió que será la autoridad correspondiente la que determine cuál será el fin de ese equipamiento.

Aseveró que de acuerdo con instituciones de salud, este tipo de equipos no ocasiona ningún daño a la salud. “La Organización Mundial de la Salud también lo ha manifestado en ese sentido, y lo que observamos es una inconformidad de la ciudadanía que tendrá que ser atendida por una autoridad mayor”.

Reconoció que no es un asunto concluido y el equipamiento es una concesión federal, que tendrá que ser resuelto por una autoridad federal, aunque no hay plazos para ello ni han recibido hasta el momento notificación alguna. “La empresa podrá hacer uso de su derecho, no se lo podemos negar; nos imaginamos que tendrá que haber alguna acción legal por parte de ellos y una determinación de algún juez”.