Alrededor de la una de la tarde, personal de la Procuraduría General de Justicia, hicieron acto de presencia para desahogar el trámite.
Ernesto Maldonado Valencia, secretario técnico de la Subsecretaría de Gobierno, explicó que se había expedido un decreto en el que se expropian por causa de utilidad pública diversos predios colindantes al inmueble en que se ubica el Estadio Agustín “Coruco” Díaz, cuya tribuna norte “se encuentra en inminente riesgo de colapso”. “Se les está notificando a las familias, cinco en este caso, de que ha sido expropiado su predio y en consecuencia se hace una ejecución inmediata para salvaguardar su integridad, ante el riesgo inminente del colapso de la tribuna”.
Dijo que el mismo decreto da las condiciones para que las familias sean indemnizadas, aunque dijo no saber qué cantidades se entregarán o cómo se pagará la indemnización.
Aseguró que se buscó el diálogo de manera continua con los vecinos, y de 28 familias, con 20 se llegó a una negociación y se les entregaron viviendas en la unidad Los Arrozales de Jojutla. “Lamentablemente estas personas (que quedan bajo las tribunas) se han resistido a apoyar el desalojo, la petición, para que desalojen voluntariamente sus viviendas”.
Reconoció que los vecinos recurrieron al amparo para no ser removidos del lugar, sin embargo, aseguró que no los protege para efectos de este decreto y se garantiza la indemnización del predio afectado.
Sin embargo, aclaró que Venancio Carrichi Tovar y Víctor Herrera López aún cuentan con un amparo del cual esperan la resolución y no fueron afectados en este operativo.
Dijo que una vez notificadas para que desalojen sus predios, se procedió a retirar sus pertenencias, cosa que hicieron un grupo de trabajadores.
En un comunicado oficial, el gobierno del estado precisa que el decreto publicado en el periódico “Tierra y Libertad”, establece que los predios expropiados pasarán al dominio y patrimonio público en forma definitiva una vez culminados los recursos o medios de defensa que en su caso interpongan quienes acrediten un legítimo derecho vigente sobre ellos.
Refiere que para el efecto, se habilitó personal de la Procuraduría General de Justicia, para que realizaran las notificaciones, inventario, resguardo, y demás actos correlacionados directa o indirectamente, que se requieran para mayor eficacia y prontitud de las notificaciones a realizar, así como la ejecución inmediata y posterior del presente decreto.
Este procedimiento, que se llevó a cabo en presencia de cinco notarios públicos para las correspondientes notificaciones y fue comunicado por oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, para los efectos legales conducentes e intervención que proceda, apunta el comunicado.
“Hay que destacar que con base a un Informe Técnico de Seguridad y Estabilidad Estructural del Estadio, realizado por conducto de la firma “Consultoría en Ingeniería Civil”, en abril y junio del 2013, señala que la estructura de tribuna norte pertenece al grupo “A”, estructuras cuya falla pone en riesgo la vida de un número elevado de personas y por lo tanto el reglamento impone factores de seguridad altos, y en los coeficientes sísmicos los requiere en un 50% más altos con respecto a las estructuras”. Resalta que el gobierno llevó una etapa de diálogo con los propietarios para que fueran reubicados a casas dignas, a fin de permitir el desarrollo de reconstrucción del estadio, de los que 22 de 28 familias aceptaron, con viviendas con valor de 470 mil pesos.
“El decreto publicado obliga al pago de la indemnización en dinero, o en especie, si fuere procedente con excepción de la superficie expropiada la cual queda fuera de toda negociación, a los legítimos propietarios de los predios expropiados que acrediten fehacientemente su derecho, en términos del artículo 11 de la Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública, de acuerdo con el valor fiscal que resulte menor, tomando en cuenta el detrimento derivado precisamente de su ubicación debajo de la tribuna norte del Estadio Agustín “Coruco” Díaz que queda sujeto a convenio, a dictamen pericial o resolución judicial que determine si existe o no detrimento en el monto de avalúo de cada inmueble, y su valor al momento de la presente expropiación”, concluye el comunicado.
