Señala que con el objetivo de prolongar la vida útil del sitio y en ape-go a las recomendaciones de la autoridad ambiental, “esta municipa-lidad acordó, por recomendación de la CEAMA, contratar a la empre-sa, “Desperdicios Industriales de Cuernavaca S.A. de C.V.” (DICSA), para que se encargara de la gestión, separación y disposición final de los RSU en el sitio final de disposición antes mencionado. Con el propósito de que no fuera clausurado por la CEAMA”.

Asegura que los pepenadores no son trabajadores del Ayuntamiento, por lo tanto no existe relación laboral alguna con ellos, y que el Ayuntamiento y DICSA acordaron que se evaluaría a quién contratar.

Reconoce que el número de pepenadores supera la demanda laboral de DICSA, por lo que “evidentemente no pueden ser contratados to-dos”.

“El grupo de pepenadores debe ser consciente, de que la basura no es propiedad de ningún particular ni de grupo o comunidad alguna, y lucrar con ella es un hecho que debe beneficiar al municipio comple-to”, puntualiza.

Asegura que hasta esta fecha, “no se ha negado a pepenador alguno el acceso al sitio de disposición final”.

Sin decir nombres, el comunicado sostiene que los inconformes fue-ron manipulados por comerciantes del PET y alentados por “actores sociales que sólo buscan obtener beneficios personales y familiares”.

“Exhortamos a los inconformes a no dejarse manipular por grupos o personas que buscan obtener de esta situación un beneficio perso-nal…el gobierno municipal de Jojutla refrenda su respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías individuales, no obstante, hace patente su compromiso con todo el Municipio para respetar y hacer respetar la Ley. No toleraremos que los intereses de unos cuantos, atenten contra los servicios públicos y la sana convivencia del resto de la población”, concluye.