En conferencia de prensa, Elías Román Salgado, asesor legal de Armando Flores Vargas, ex prestador de servicios al gobierno de Carpintero Salazar –periodo 2006-09–, explicó que su representado realizó obras por 1.8 millones de pesos a la comuna, que el ex edil no pagó.

Ante la negativa de pago, dijo, presentó una demanda civil para urgir el resarcimiento al municipio. No obstante, el Ayuntamiento obtuvo una sentencia absolutoria que lo eximía del pago. Pero el demandante apeló y se encontró con que el actual legislador sí habría cubierto los servicios profesionales de Flores Vargas, pero mediante firmas falsas, habría simulado que lo entregó, pues el prestador de servicios nunca recibió ese dinero.

“Fueron presentados por parte de los demandados en el juicio y acreditamos con periciales, que no son sus firmas y uno de los cheques ni siquiera endoso tiene para estimar que fue expedido a favor de mi cliente.”

Román Salgado afirmó que el municipio justificó el pago con un programa federal de la Sedesol ante la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

“Es un dinero que solamente el entonces presidente en turno sabe el destino que se le dio. El dinero salió del municipio, pero no llegó a manos de las personas que ejecutaron la obra pública.”

Señaló que ante tal circunstancia, ayer mismo presentaron una denuncia penal en contra del ex alcalde ante el agente del Ministerio Público, por el presunto delito de fraude. “Situación que se puede ampliar una vez que conozcamos la contestación que dé el alcalde. Se advierten conductas delictivas por parte del, en su momento, presidente municipal.”

GOBIERNO DEBE TAMBIÉN 1.6 MDP A OTRO PROVEEDOR

El abogado Elías Román Salgado dijo que también representa a Marco Antonio Sánchez Segoviano, quien, del mismo modo, realizó obra a favor del municipio, también en el periodo de Carpintero Salazar, pero no se le pagó en su totalidad. A esta persona física se le adeudan 1.15 millones de pesos, más gastos y costos, que alcanzan hasta el momento un millón 600 mil pesos, los cuales el municipio está obligado a pagar, debido a que ya hay una sentencia ejecutoriada.

EMBARGAN UNA CUENTA BANCARIA

Román Salgado representa también a tres ex trabajadores que fueron cesados, presuntamente, de manera injustificada por el ex alcalde Joaquín Carpintero durante su periodo, y que demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Se trata de Francisco Saúl Alvear Pliego, ex director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cesado en el año 2007, quien demandó por su indemnización. Este asunto se hubiera arreglado en su momento con 35 mil pesos, expuso, pero ante la falta de pago, demandó y se hicieron ya dos embargos; el primero, una cuenta bancaria con 111 mil pesos y ayer, un segunda, con 401 mil pesos, que hacen en total la suma de más de 500 mil pesos que le adeudan a Alvear Pliego por todo el tiempo que ha transcurrido.

Consideró que hubo omisión de parte el gobierno de Carpintero Salazar, pues se negó a firmar el finiquito por 35 mil pesos y hasta retó que demandaran porque dijo que él no iba a pagar nada. Ahora el municipio tuvo que pagar más medio millón de pesos.

El otro caso es el de Arturo Edgardo Esquivel González, subdirector de Recursos Humanos en el tiempo de Carpintero, que por la misma causa de cese injustificado, demandó y el tribunal laboral ya condenó al municipio a pagar 1.4 millones de pesos, pero el Ayuntamiento se amparó.

El tercer caso es el de Manlio Ochoa Rojo, también ex trabajador de Carpintero Salazar (era tesorero), quien ganó una demanda laboral por despido injustificado por 1.65 millones de pesos. En el año 2011 se congelaron las cuentas del municipio por este caso y se llegó a un arreglo de pagarle un millón de pesos y el resto después, pero hasta la fecha no le han pagado el complemento.

De todos estos casos cada día crecen los montos por las penas convencionales, en el caso de los ex trabajadores e intereses moratorios, y en el caso de las personas físicas que construyeron obras.

El abogado aseguró que el ex edil Joaquín Carpintero nunca se prestó para negociar toda esta situación y el actual alcalde, Ennio Pérez Amador, tampoco ha entablado diálogo alguno con ellos, dijo.

“Existió omisión y negligencia, al dejar de hacer las acciones correspondientes cuando tienen un reclamo de la misma cantidad que supuestamente fue pagada”, dijo, en alusión al ex alcalde Carpintero Salazar.

Finalmente, el alcalde Ennio Pérez Amador no fue localizado para opinar al respecto.