En enero de ese año, los hermanos Mario y Verónica Bustamante acusaron al edil, ante la CDHEM y la Subprocuraduría de Justicia, de haber sido torturados por los elementos policíacos, presuntamente por órdenes del alcalde.

Desde entonces a la fecha se ha detenido a varios policías que fueron encontrados responsables del delito y la CDHEM emitió una recomendación a Pérez Amador que éste rechazó.

Benítez Villaseñor aseguró que el proceso no ha terminado y en este momento se está realizando una investigación administrativa.

“El caso de Tlaltizapán es de los más delicados de tortura; ya se mandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De todos modos, ya hay un inicio de procedimiento de investigación administrativa y aunque no la aceptó el presidente municipal, ya hay un proceso penal que se está siguiendo; ya hay una detención de policías responsables y no vamos a dejar esta situación tan delicada que se vivió en el municipio y que fue desafortunadamente con la comparsa (sic) del propio presidente municipal.”

Aseguró que a pesar de que ya está por terminar el periodo de Pérez Amador, el proceso continuará hasta llegar a una conclusión. “Ese proceso continúa, ya está la investigación administrativa y está en manos de la Comisión Nacional (de Derechos Humanos) emitir el pronunciamiento de responsabilidad.”

Por otra parte, la titular de la CDHEM dijo que a unas semanas de concluir el año, el mayor número de quejas es en contra de las corporaciones policíacas. “Ahorita está la situación de la inseguridad, la desaparición forzada de personas, la cuestión que se ha dado por la delincuencia organizada ha generalizado un mayor número de quejas en ese rubro.”

Mencionó que también existen quejas por abuso de autoridad de parte de elementos policíacos. “Tenemos quejas por el cobro de cuotas escolares, la falta de servicios públicos municipales, la cuestión del agua, la cuestión del bacheo, que también se han generado por el cambio de administraciones, en donde los que ya se van no se quieren hacer responsables, y los que van entrando, apenas están recibiendo una administración, muchas veces en muy mal estado. La situación económica de los ayuntamientos no permite generar acuerdos para poder generar los servicios públicos.”

Dijo que también están trabajando con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para que por medio de los informes que se rinden, se puedan generar acciones de sanciones a los servidores públicos y que tengan una responsabilidad. “No porque ya se vayan, pues dejen de visualizar lo que dejaron y también lo que puede ser una responsabilidad por peculado, desvíos o malversación de recursos.”