Mireles Hernández, quien se animó a hacer declaraciones a los medios para precisar su posición, reveló que a principios de este mes, a solicitud del oficial mayor, Víctor Manuel Martínez, se le requirió que elaborara 54 constancias para los trabajadores de confianza.
El problema fue que le pedían que cambiara el cargo que realmente ocupaban y pusiera otros de menor rango y le cambiaran la leyenda de “categoría de personal de confianza”, pero eso no era posible. “Solicitaban que se cambiaran los cargos de los coordinadores y de los encargados, para que pudieran participar entre las categorías del personal sindicalizado”.
Dijo que lo consultó con el departamento jurídico y debido a que es un delito falsificar documentos, y ella es la responsable del área, sí extendió 52 constancias, pero con los cargos reales, “tal cual están en el archivo de recursos humanos y en los registros contables que tiene la tesorería”.
Incluso entregó al propio alcalde, Enrique Retiguín Morales, las constancias, con una nota informativa adjunta donde se le daba a conocer al presidente cuáles serían los alcances penales o jurídicos en los que incurrirían en caso de extender una constancia con datos alterados, que incluía pena económica o cárcel.
“Estuve cerca de una semana platicando con el presidente y el tesorero, donde les expliqué cuáles eran los motivos del por qué no se podían expedir las constancias alteradas. Mi responsabilidad como directora de recursos humanos, era mantener la seriedad de la institución y que no podían realizarse documentos alterados, para no caer en responsabilidad hacia mi persona y hacia el presidente”.
No obstante, sus superiores e incluso los propios trabajadores, comenzaron a presionarla, lo que llevó a su renuncia. “El viernes, los trabajadores que pretendían sindicalizarse asistieron a mi oficina, estuvieron presionando y hasta se portaron groseros, diciendo que las constancias que se habían expedido eran erróneas y que tenía la obligación de cambiárselas, pero les dije que yo no se las iba a cambiar”.
“Por decisión propia preferí mejor hacerme a un lado y si estorbaba a presidencia, a tesorería u oficialía mayor, decidí presentar mi renuncia el día 12 de octubre. La entregué al secretario municipal, la síndica, contralor y directora jurídica, así como tesorería, presidencia no me quiso recibir”.
Dijo que su idea como profesionista es respetar la ley, respetar el código de ética y dentro de la familia existen valores de tipo moral.
Sin embargo, la ex funcionaria destacó que a final de cuentas, el municipio sí elaboró las constancias, como las querían, con datos falsos, firmadas por Bernardo Lira Carballido, quien era responsable de contabilidad en la tesorería.
Advirtió que del total de constancias, sólo dos no se realizaron, la de Misael Montes, que declinó y la de Agripina Barón, por pertenecer al sistema de agua potable.
(NOTA: FAVOR DE INCLUIR LA SIGUIENTE LISTA EN UN RECUADRO)
Cabeza: Los que se quieren sindicalizar:
Nancy Gómez, Claudia Azucena, Rosalinda Reynoso, Mitzi Jaimes, Julio Ávila, Cristino Barrios, Eduardo Palacios, Raúl Catalán, Eduardo Alcaraz, Eleno Canuto, Fernando Arzate, Ernesto Camacho, Daniel Delgado, Gamaniel Ramírez, Ernesto Astudillo, Gavina Valladarez (sic), Martha Figueroa, Maricruz Tajonar, Victoria Flores, Olga Pastrana, Alfonso Meneses, Josué Piedra, Verónica Morales, Alejandrina Balmaceda, Salvador Guerrero, Eder Lagunas, Yarashet Olivares, Norberto Millán, Minerva Díaz, Hermilo Barrios, Camelia Varela, Genoveva Galarza, Abraham Solís, Eugenio Bustos, Hugo Martínez, Luis Valle, Neftalí Sandoval, Maura Castellano, Celia Vargas, Ofelia Román, María Olivares, Narciso Sánchez, Guadalupe Delgado, Josafat García, Rafael Estrada, Óscar Ocampo, Luis García, Hipólito Beltrán, Sauro Guerrero, Miguel Carpintero y Adriana Ocampo.
