Hay tres partes aquí que merecen ser analizadas: la primera, que el estilo del edil, Jorge Martínez Urioso, unilateral, impositivo y centralista llevó al cansancio a los integrantes de su cabildo, incluidos los de su partido (el síndico y dos regidores), a quienes dio muy poco margen de maniobra en los asuntos del municipio y por ello, cuando se presentó la coyuntura, ellos decidieron capitalizar la inconformidad de los trabajadores para sentar al edil y de paso intentar desarmarlo quitándole a sus dos funcionarios de confianza.

Ciertamente quienes están cerca del alcalde aseguran que dedica muchas horas de su tiempo a la presidencia, pero no permite que nadie tome decisiones más que él y eso ha llevado a incluso a enemistades, demandas laborales y sobre todo el cuestionamiento sobre el manejo de los recursos municipales. ¿Cuándo se dio el colapso financiero del municipio?, ¿por qué no informó a sus concejales de la situación?, ¿cuál era la estrategia para enfrentar todos los adeudos que se tenían y que han metido al Ayuntamiento en una crisis financiera?, ¿cuánto pagaba de “aviadores”? Nada de esto sabemos y el edil lo deberá explicar.

Pero Martínez Urioso se mantiene en su posición y ahora responsabiliza a los regidores de todo. Pero también, por supuesto, tiene lo suyo.

La otra parte son los regidores y el síndico que se tardaron dos años en darse cuenta de que los aguinaldos no se habían pagado y había mucha irregularidad en los pagos quincenales. No fue hasta que a ellos se les acumularon tres meses sin cobrar, que decidieron protestar y pedir por los trabajadores, pero tomando acciones poco creativas y nada legales, como la toma de la presidencia, afectando con ello a quienes deben servir y a quienes están ocasionando el mayor problema, dejándolos sin servicios. La lista de “aviadores” que han difundido –y que amerita una amplia explicación del presidente municipal-- y otras irregularidades también debieron esperar dos años para ser conocidos.

Ya encarrerados y tal vez con razón, exigen como punto necesario para liberar la presidencia la destitución del secretario municipal Eduardo Morales, a quien acusan de querer jubilarse en este periodo, y de la tesorera María Eugenia Bahena, que no atiende las peticiones que le hacen.

Lamentablemente para ellos la ley orgánica municipal es muy clara y a pesar de lo que diga el regidor Gregorio Manzanares –quien ya fue alcalde hace unos años del mismo municipio--, el presidente municipal tiene la facultad de nombrar al secretario, al tesorero y al titular de la Seguridad Pública municipal, sin necesidad de contar con el aval del Ayuntamiento.

En tercer lugar, están los trabajadores. Los que han sido lastimados por el pago irregular de sus quincenas y por el retraso de ya más de un año en el pago de sus aguinaldos. Muchos de ellos ganan salarios muy bajos a comparación de otros empleados privilegiados por el edil, por lo que se entiende que cuando les solicitaron tomar medidas, como la toma de la presidencia, no dudaron en hacerlo. Algunos incluso son compadres de Martínez Urioso, pero están dolidos por el trato que éste les ha dado.

Ellos sólo quieren cobrar y que se les pague regularmente, pero los regidores han aprovechado su descontento para obtener algo más. Vale decir que en el plantón los únicos que dan declaraciones son los regidores, no los trabajadores.

La situación se ha vuelto una lucha de poder.

A pesar de que hay una propuesta de pago para los trabajadores, los regidores no cejan en su empeño de que se vayan antes el secretario y la tesorera, y hasta insinúan la posibilidad de juicio político, mientras que el alcalde o no sabe qué hacer o le apuesta al desgaste del movimiento que ciertamente empieza ya a vislumbrar descontento del resto de la población.

En esta lucha de poder, los que están empezando a perder son los habitantes del municipio. Si bien muchos ciudadanos han manifestado su apoyo y solidaridad para los trabajadores y el movimiento, los servicios funcionan a medias, no hay trámites oficiales y los programas federales y la construcción de obras se están retrasando.

El gobierno del estado ha intervenido tibiamente y el Congreso local, por lo menos hasta el momento, no ha hecho ningún pronunciamiento.

¿Cómo se resolverá el conflicto? Con dinero y voluntad, dice el regidor Gregorio Manzanares. Pero también es necesario que sea con legalidad, que se sancione a quien corresponda, que se investigue y aplique la ley; de lo contrario, de nada habrá servido paralizar todo el Ayuntamiento.