El día de ayer, familiares de una menor de edad, solicitaron la intervención de la síndica y de los integrantes del cuerpo edilicio, para aclarar la violación a los derechos humanos de una niña, de doce años de edad.

En un comunicado, informan que el pasado 26 de enero, la menor, estudiante de la secundaria Benito Juárez, adquirió una caja de piedras para uñas en el pasaje robles del centro de la ciudad en 30 pesos. Sin embargo, más tarde, en la calle Ricardo Sánchez, la encargada del negocio la detuvo, y la llevó ante un oficial de policía, acusándola de robo. “La amenazó de que la mandarían a la cárcel”.

Aseguran que el policía la puso violentamente contra la pared, advirtiéndole que se la iba a llevar a la cárcel. Todo esto generó gran expectación de los transeúntes y una comerciante se opuso a que se la llevaran, pero llegaron dos patrullas y dos motocicletas de la policía, que le arrebataron a la menor. “En el traslado al módulo, un elemento le inflingió intimidación sicológica, pues le decía que era una ladrona y que no saldría de la cárcel”.

La menor fue puesta a disposición del juez cívico.

Más tarde llegó la parte acusadora, que no acreditó el robo más que con su dicho, aseguran los familiares y simplemente recuperó la cajita y ya no presentó ningún otro cargo.

“Estos hechos son violatorios de los derechos de los niños, por lo que se solicita su intervención para el esclarecimiento de los hechos”, firma el documento la tutora, Estela Salomón Peralta.

Al enterarse de la situación la síndica, Alejandra Rodríguez Salazar, dijo que enteró a los miembros del cabildo y ofreció realizar una investigación.

“Los familiares están en todo su derecho de poner una queja. Vamos a levantar un acta dirigido a asuntos internos”.

No obstante, reconoció que tal comisión no está formada. “Todavía no está formado el consejo de honor y justicia. Lo haremos la próxima semana, y en caso de que se tenga que aplicar una sanción, se va a tener que aplicar. Nosotros estamos abiertos para que no haya abuso de la autoridad”.