El Ayuntamiento implementó dicha medida con fines recaudatorios; ciudadanos la califican de “excesiva”.

Puente de Ixtla.- El Ayuntamiento de este municipio –encabezado por la alcaldesa Claudia Mazari Torres– implementó una medida de recaudación que consiste en la colocación de calcomanías en predios con adeudos del impuesto predial, en las que se advierte acerca de un posible embargo de la propiedad.

De acuerdo con vecinos del municipio, personal del gobierno local ha colocado estos sellos en inmuebles con adeudos, los cuales incluyen el logotipo oficial del Ayuntamiento y de la Dirección de Impuesto Predial, un número de folio y la leyenda: “Predio sujeto a embargo por adeudo de impuesto predial”.

La calcomanía también cita los artículos 255 y 256 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, en los que se advierte que el rompimiento o alteración de sellos colocados con fines fiscales constituye un delito, sancionable incluso con penas de prisión.

Carlos Ocampo Martínez, vecino de Puente de Ixtla, señaló que encontró uno de estos sellos en un predio ejidal de su propiedad, por lo que calificó la medida como excesiva.

Explicó que su adeudo corresponde únicamente a dos años del impuesto predial, con un monto aproximado de mil 750 pesos.

“Desafortunadamente encontré en un predio de mi propiedad un sello del Ayuntamiento donde se advierte que, de no pagar, procederán al embargo del terreno. Es una situación que se ha observado en varias propiedades del municipio, sin importar los años o el monto del adeudo”, expresó.

El ciudadano manifestó estar a favor del pago de impuestos, siempre y cuando éstos se reflejen en obras y servicios públicos de calidad. Sin embargo, aseguró que en su comunidad persisten deficiencias en servicios básicos y falta de claridad sobre el destino de los recursos públicos.

Finalmente lamentó que esta medida se aplique de manera generalizada y consideró que el uso de sellos con advertencias de embargo puede generar temor entre contribuyentes que desconocen la normatividad. 

Por ello señaló que sería necesaria la intervención de instancias como la Comisión de Derechos Humanos u organismos que puedan orientar y asesorar a la ciudadanía en este tema.