La síndica municipal y cinco regidores piden intervención de la gobernadora ante presuntas amenazas del alcalde.

Xoxocotla.- La síndica y cinco regidores de este municipio indígena solicitaron la intervención urgente de la gobernadora Margarita González Saravia ante la violencia política, amenazas y presiones que –aseguran– han recibido por parte del alcalde, José Carlos Jiménez Ponciano.

En entrevista, los integrantes del Cabildo señalaron que ya presentaron denuncias ante las instancias correspondientes, pues temen por su integridad y la de sus familias.

Al respecto, resaltaron que en caso de que algo les ocurra, responsabilizan directamente al alcalde, al secretario municipal y al tesorero.

La regidora de Asuntos Indígenas, Colonias, Poblados y Diversidad Sexual, Xitlali Mejía Huerta, explicó que el conflicto se intensificó luego de que se negaran a aprobar reglamentos y decisiones que presuntamente fueron presentados de manera irregular, sin respetar los usos y costumbres de la comunidad ni los procedimientos legales.

Añadió que el edil convoca a sesiones y posteriormente las cancela sin justificación, lo que impide deliberadamente el funcionamiento del Cabildo.

Mejía Huerta denunció además que el presidente municipal mantiene retenidos salarios, dietas, gastos a comprobar y apoyos básicos desde septiembre, al tiempo que exige alineamiento político.

“Nos mandó a decir con otro regidor que si no nos queríamos alinear, nos iban a desaparecer”, afirmó.

Los denunciantes agregaron que, pese a contar con documentos que acreditan su labor, el alcalde ha difundido públicamente que los regidores “no trabajan”, lo que consideran un acto de violencia política. Señalaron también que el edil ha bloqueado la contratación de personal, ha restringido el acceso a oficinas y herramientas de trabajo y limita el funcionamiento administrativo del municipio.

Otro de los señalamientos fue la situación de los trabajadores municipales, quienes –según los regidores– no han recibido primas vacacionales, gratificaciones, pagos dominicales ni los 90 días de aguinaldo reglamentarios, pese a que el Presupuesto de Egresos 2025 contempla recursos suficientes.

Indicaron que el presidente municipal ordenó laborar en días sábado sin remuneración y que sólo accedió a entregar el aguinaldo tras la presión del Cabildo.

Además denunciaron que Jiménez Ponciano ha obligado a integrantes del Cabildo a firmar documentos bajo presión y condiciona la atención de solicitudes ciudadanas.

“Ni los policías nos hacen caso… No tenemos oficinas, ni escritorios, ni hojas para trabajar… El presidente nos discrimina, nos humilla y nos pone en riesgo”, señaló Mejía Huerta.

Ante este panorama, el grupo pidió la intervención de la gobernadora Margarita González al afirmar que la situación es insostenible y que las medidas cautelares otorgadas no se están cumpliendo adecuadamente.

“Nos dieron medidas cautelares, pero los elementos de Seguridad Pública del estado sólo vienen por la firma”, concluyeron.