Sergio Hurtado Martínez, integrante de dicho movimiento, expuso que el titular de la Unidad de Información Pública (UDIP), Francisco Javier Ávila Payán, no ha podido cumplir con las solicitudes de información que le han hecho y por esa razón, se ha amparado a las disposiciones del IMIPE.
“La ley marca 10 días hábiles para la entrega de información; si no la dan, se mete un recurso de inconformidad ante el IMIPE y ellos vienen y piden directamente la información a la UDIP. Llevamos ya metidas más de 200 solicitudes desde enero de este año (en las que han pedido, entre otras cosas, la nómina de los trabajadores y egresos por obra pública) a la fecha, y ya están vencidas, no nos han respondido. Ahora nos deben entregar la información de manera gratuita, porque causó afirmativa ficta. El IMIPE ha inhabilitado a Ávila por 15 días y él considera que el IMIPE no tiene poder jurídico para inhabilitarlo y ha recurrido a las instancias federales y ya obtuvo 10 amparos.”
Hurtado Martínez dijo que tienen conocimiento de que el tesorero, Luis Enrique Romero, también se ha amparado.
“Su estrategia es no entregar la información, porque en esta administración hay mucha corrupción, y cuando hemos solicitado información y nos la han entregado, nos hemos dado cuenta de la gran corrupción que hay. Por ejemplo, en las compensaciones que se dan a los policías, a los trabajadores de confianza, a quienes les dan un dinero adicional, pero ese dinero lo entregan al presidente municipal (José Carmen Cabrera Santana).”
Estimó que de enero a diciembre de 2010, el alcalde se ha llevado más de 4 millones de pesos mediante esta estrategia de compensar a los trabajadores, pero en realidad ese dinero es para él. “Por eso no quiere la transparencia.”
Refirió que han solicitado por escrito una reunión con el alcalde para aclarar cada una de las observaciones, pero no han obtenido respuesta.
Por su parte, el edil José Carmen Cabrera Santana reconoció que efectivamente su personal se ha amparado, no en 10, sino en 30 ocasiones.
“El IMIPE no puede ser juez y parte de lo que solicita. Nosotros nunca nos hemos negado a dar información de ninguna índole; sin embargo, no puede ser manejada a forma y conveniencia de lo que quiere el IMIPE. Por eso nos hemos amparado como Ayuntamiento y nos han dado la razón. Metimos 30 amparos porque hay deficiencias en el jurídico del IMIPE, ellos no nos pueden exigir de ninguna manera.”
Explicó que el Instituto no sólo pide la información que el ciudadano ha solicitado, sino que además, la pide de cierta manera y “eso no lo vamos a permitir”. “Si el ciudadano no está de acuerdo con la respuesta, debe ser él que vuelva a pedir la información, no el Instituto.”
Confirmó que no sólo el titular de la UDIP se ha amparado, sino también el tesorero.
En cuanto a la inhabilitación de estos funcionarios, respondió que “hacemos lo que ellos (el IMIPE) nos comenta(n), pero en el orden y cauce legal que esto conlleva”.
Negó que no hayan respondido a 200 peticiones de información. “Nosotros recibimos peticiones al por mayor, que vienen de sólo dos personas, pero aun así tenemos la obligación de dar la información, pero no como lo indica el IMIPE.”
