En conferencia de prensa celebrada la mañana de ayer y antes de que se diera a conocer el destino del pago de la tenencia vehicular, García Álvarez criticó a los diputados por su indecisión de derogarlo.

“La razón de ese impuesto, que fue la de financiar las Olimpíadas de 1968, ya no existe, por lo que además de ser un impuesto injusto, lo grave es que no se sabe bien a bien el destino de los recursos que se captan por este concepto. Mentira lo que dice el secretario de Finanzas Alejandro Villarreal Gasca de que se van a dejar de recibir 400 millones de pesos, porque es algo que no está contemplado bien a bien, porque no está debidamente orientado. A nombre de esta cámara, digo que más bien lo que no quieren es perder los privilegios que se han autoimpuesto, con grandes salarios, derroche, relumbrón, y por esa razón les duele dejar de percibir algo de lo que disponían de manera discrecional”, afirmó.

Opinó que con el pago de tenencia vehicular existe una doble tributación, lo cual está prohibido por la Constitución.

“La tenencia no tiene razón de ser. Los vehículos pagan placas, tarjeta de circulación, verificación, impuestos en la gasolina, etc. No es justo que el ciudadano tenga que pagar por el simple hecho de tener un vehículo. Eso nos parece absurdo, totalmente aberrante, en un país que se dice ejerce un Estado de derecho”.

No obstante, opinó que la culpa no es de los gobernantes, sino de los propios ciudadanos. “Hemos dejado pasar y pasar, y mientras no proteste la sociedad, están (los gobernantes) inventando nuevos gravámenes. Si desaparece la tenencia, el gobierno estará pensando en inventar un nuevo impuesto. La sociedad está harta que la desplumen vía impuestos y derechos. De aquí, un exhorto respetuoso pero enérgico al gobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, al secretario de Finanzas y a los señores diputados de que ya basta de que nos quiten un impuesto federal pero nos pongan uno estatal, y seguimos en las mismas cuando la situación económica está por los suelos”.

Propuso que el gobierno estatal mejor amplíe la base gravable, que cobre impuestos a los tianguis, a los ambulantes, a quienes expenden productos desde sus casas, entre otros, para obtener recursos y también hacer un análisis del aparato gubernamental y sus salarios para ver cuánto le cuestan a los ciudadanos, así como eliminar aviadores.