En conferencia de prensa, Enrique Landa Román, secretario general de la unión de comerciantes del mercado Benito Juárez, dio a conocer un documento fechado en febrero en el que solicitan al presidente del Congreso, Julio Espín Navarrete, que se inicie juicio político en contra de Retiguín Morales.
“Solicitamos juicio político para el C. Enrique Retiguín Morales porque no ha atendido debidamente las peticiones que se le hicieron desde el día 15 de enero del 2010, en donde se firmó una minuta que establece los compromisos que desde esa fecha se comprometió a resolver, y no resuelto”, expuso.
Entre ellos, enunció, el retiro del ambulantaje, limpieza del mercado y reparación de los baños, entre otros.
“Motivan nuestra solicitud –prosigue- todos los agravios causados a la sociedad jojutlense por los funcionarios públicos de primer nivel, que no atienden de manera oportuna a los asuntos de sus competencia, como el secretario municipal, César Bahena Valle; Carlos Vargas Becerra, director de licencias y reglamentos; Juan Manuel Guzmán Pérez, secretario particular, y el oficial mayor, Víctor Manuel Martínez Sánchez, quienes han sido cómplices con el gobierno.”
Añadió: “No podemos continuar tolerando que el hijo del presidente, Rubén Retiguín Figueroa, sin ser parte del Ayuntamiento, influya en las decisiones del gobierno”.
Asimismo, aseguró que no hay claridad en los laudos laborales que ha pagado el gobierno y que se han convertido “en un saqueo de erario municipal”.
“Aún más, la burla constante de que es objeto la ciudadanía cuando al presentar su problemática, con sarcasmo e ironía le dicen su problema será atendido”, y jamás se le atiende, remató.
Por su parte, el presidente de la Canaco Jojutla, Marcos García Álvarez, también dio a conocer un documento enviado hace unos días al presidente del Congreso, en el que destacan que de manera sistemática el gobierno de Jojutla ha violentado la Constitución Política del país, particularmente los artículos 1º, 5º, 8º, 11º, 21º, 22º, 31º, 36º, 39º, 41º y 33º, así como la Constitución local, la ley orgánica municipal y el bando de gobierno.
“Además de la responsabilidad en que incurren en la falta de atención a sus responsabilidades hacia los ciudadanos, al violar al artículo 3° de la Ley de Responsabilidades de los Ciudadanos Públicos y el artículo 8° de la misma ley, por la omisión en que incurren en perjuicio de los intereses públicos, Juan Manuel Guzmán Pérez, César Bahena Valle, Carlos Vargas Becerra, Víctor Manuel Martínez Sánchez, el tesorero Carmen Sandoval Casamata y Marco Antonio Tapia Uribe, director de fraccionamientos, quienes no han acatado las órdenes del presidente municipal.”
Asegura que los mencionados se han “insubordinado”, lo que implicaría su cese inmediato; sin embargo, y a pesar de las muchas quejas en su contra, se mantienen en sus puestos.
“Esta soberanía (el Congreso) debe de llamar la atención a todos los miembros del Ayuntamiento, para que corrijan de manera inmediata sus funciones de gobierno administrativo; de no rectificar el rumbo en este sentido, pueden ser sujetos de juicio político por flagrancia y constante violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos en general del municipio de Jojutla.”
