De acuerdo con información recabada por este reportero, J. Concepción Pérez Albarrán, propietario de una tortillería en el centro de la cabecera municipal, demandó, bajo el expediente TCA/2ª S/09/11, a todos los integrantes del Ayuntamiento por haber permitido la instalación de la tortillería “El Esfuerzo” a menos de 500 metros, como lo marca el reglamento del ramo, de su negocio, lo que, aseguró, le está ocasionando perjuicios económicos.

En su demanda, Pérez Albarrán señala que el reglamento establece que para autorizar la instalación de una tortillería, el consejo consultivo para la producción, distribución y venta de masa y tortilla del municipio –cuyo presidente es el alcalde Ennio Pérez Amador– debe realizar un análisis de factibilidad, y en este caso no lo hicieron y autorizaron la apertura del negocio en el mes de septiembre del año 2010.

No se realizó ningún tipo de estudio, ni tampoco se presentó el aval de los consumidores –la firma de 100 de ellos, también pedido por el reglamento–, por lo que pide la anulación del permiso otorgado por el cabildo y responsabiliza al síndico Macario Vázquez Morales de la situación.

Se fijó el 14 de febrero para audiencia de conciliación entre las partes.

Al respecto, Ennio Pérez señaló que fue la administración pasada la que autorizó la instalación del negocio y ya hasta había pagado la licencia de funcionamiento.

“En Tlaltizapán hay una asociación de tortilleros y molineros y un consejo consultivo, en donde somos parte nosotros (lo integran el presidente municipal, el síndico, la regidora de Hacienda, un representante de los ayudantes y un representante de los molineros), donde calificamos la petición de alguna tortillería. En este momento tenemos cuatro peticiones de personas que quieren poner tortillerías y que algunas bajo el derecho de tener la posibilidad de trabajar tres meses para ver si pega o no pega, están laborando, pero falta la decisión de ese consejo.

“En cuanto a la demanda, estamos en espera de que nos llegue el requerimiento para las declaraciones o desahogo de pruebas que se tengan que llevar a cabo.”

Pérez Albarrán consideró que el cabildo no violó el reglamento de tortillerías porque fue una ordenanza de una autoridad superior para otorgar el permiso. “La señora (de la tortillería que se abrió) se amparó; ganó el amparo y nosotros nada más ejecutamos la orden que nos dan.”