En un oficio dirigido a Carlos Navarro Uribe, visitador regional, Moisés Cruz Arredondo refiere: “A un año de sucedidos los hechos asentados en el expediente 003/2010/VRSP, me permito una vez más, solicitarle, de la manera más atenta, expedir las recomendaciones correspondientes, considerando que se han realizado las diligencias necesarias, y las partes hemos tenido la misma oportunidad de ofrecer las pruebas que acrediten nuestro dicho”.

Le confirmo, prosigue, que no busco un beneficio económico ni de otra índole, simplemente que se respeten los derechos humanos de todas (sic) y cada uno de los ciudadanos y que, juntos, instituciones y ciudadanía, logremos erradicar el cáncer de la impunidad, que hoy tiene en terapia intensiva (sic) a nuestro país.

Cruz Arredondeo refirió que la ultima diligencia se dio el 21 de septiembre del año pasado y a la fecha no ha habido resolución de la Vistaduría Regional de los Derechos Humanos (VRDH), aun cuando ha transcurrido un tiempo razonable.

Recordó que el pasado 19 de enero de 2010, al acudir a la presidencia municipal de Zacatepec a realizar un trámite personal (ante el Juzgado de Paz), al salir del lugar en compañía de su hermana en el automóvil de ella, fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal (presuntamente porque tenía una denuncia). Fue detenido, encarcelado y privado de su libertad por varias horas, sin justificación alguna. Primero, dijo, lo acusaron de amenazas, y después de alteración del orden, pero después, lo liberaron sin pagar sanción alguna.

El hombre aseguró que fue tratado como un delincuente, pues incluso le hicieron la prueba de alcoholemia en el módulo de seguridad pública estatal.

Por tales hechos y porque nunca le acreditaron delito alguno, presentó su queja ante la VRDH por abuso de autoridad de parte de los policías.

A un año, no hay respuesta de la visitaduría, por lo que solicitó que den ya una resolución, sea como sea.

Este asunto permitió revelar también que el juez cívico Enrique Hernández Morales no cumplía con el perfil que manda el bando de gobierno del municipio, pues no está titulado, apuntó Cruz Arredondo.

De acuerdo con el artículo 40 del citado bando, para ser juez cívico se requiere contar con título y cédula profesional de licenciado en Derecho, que Hernández Morales no tiene.

Vale referir que la fracción XXIII del artículo 14 del citado bando, precisa: “Queda prohibido detener sin motivo alguno a cualquier individuo, sin fundamento legal; golpear o maltratar a los detenidos en el acto de aprehensión o en la prisión”.