Como se recordará, un grupo de vecinos de diferentes comunidades, encabezados –entre otros– por Ramiro Pérez Montes (ex funcionario despedido, de Asuntos Migratorios, junto con varios más), demandó al gobierno la reinstalación de siete personas, mayor apoyo económico a los ayudantes y el despido del secretario municipal, Eduardo Morales Orfaly, y el responsable de recursos humanos, Boris Alan Reyes Burgos, por presuntas violaciones a la ley. Al no obtener respuesta del presidente, que no llegó, el miércoles cerraron con cinta adhesiva las oficinas, entre algunas protestas de los trabajadores.

El día de ayer, el alcalde Jorge Martínez Urioso llegó alrededor de las 10 de la mañana para negociar con los inconformes, quienes se encontraban en la explanada. Ingresó a la presidencia en medio de consignas de apoyo de su personal que se encontraba afuera y de inmediato, una valla de policías impidió que alguien más lo siguiera hasta las oficinas.

Posteriormente, se permitió el paso a una comisión de seis personas del grupo inconforme a la sala de juntas. El secretario municipal, Eduardo Morales, no permitió que la prensa permaneciera en el lugar.

Tras varias horas de negociación, alrededor de la una de la tarde, ambas partes accedieron a dar información a la prensa, aunque por partes.

Eduardo González, del grupo inconforme, quien tenía la palabra, la cedió a Jorge Martínez –quien estuvo acompañado de funcionarios y asesores–. Informó, por su parte, que Eduardo González no radica en el municipio, sino en Jojutla, y se dice ser “vocero de las rancherías”.

“Acordamos que se les va a dar una compensación por fin de año a todos los 30 ayudantes, por ocasión única, en cantidad aún no determinada; buscaremos que se modifique la Ley Orgánica para que ya venga un presupuesto para los ayudantes de todo el estado; los representantes de las colonias Tres de Mayo y Gabriel Tepepa solicitaron servicios y ver el estado que guardan las obras. Les dimos la información. También el representante de la comunidad de Huixastla solicitaron apoyo y acordamos que se dará en cuanto nos entreguen el proyecto.”

Asimismo, el alcalde confirmó que se presentó una denuncia penal de hechos en contra quien resulte responsable (aunque se señaló a Carlos Ariel Beltrán, Ramiro Pérez y Raúl Meza) por la toma de las instalaciones. “Como representante jurídico, político y administrativo, es mi obligación velar por el patrimonio y los intereses de Tlaquiltenango.”

Ahora sí, Eduardo González, quien reconoció que vive en Jojutla pero justificó que su esposa vive en una comunidad de Tlaquiltenango desde hace 16 años, señaló que el movimiento tiene por objeto que las rancherías del municipio tengan un “trato digno”, además de que han estado olvidadas.

Intentó leer el documento –que ellos mismos habían redactado– en el que se plasmaron los acuerdos, pero vaciló, se enredó y no supo explicar el contenido. Finalmente, dijo que lo que quieren realmente es la dirección de “agricultura” para Ramiro Pérez u otra cualquiera, para que siga desempeñando “su buena labor”.

Advirtió que “volverán con más fuerza” si no hay respuesta satisfactoria, y finalmente logró explicar que el cabildo será el que determine si se le otorga o no una dirección a Ramiro Pérez y a los demás despedidos. Para ello, el edil convocará al cuerpo edilicio y dará una respuesta entre el lunes o martes de la próxima semana.

Asimismo, aseguró que el gobierno “no ha visto las necesidades de las rancherías”.

Este medio tuvo acceso al documento que refiere que el cabildo determinará el nombramiento del C. Ramiro Pérez Montes y la reubicación del C. Carlos Ariel Beltrán Pozas, Fernanda Paz Medrano, Estela Torres González , Gonzalo Meza Pineda; asimismo, la recontratación de Cleotilde Vila Díaz, Victorina García Pablo, Lorenza Villa Díaz, Antonia Ocampo, y pide que se respete el sueldo de Ramiro Pérez Montes –donde lo reubiquen, que según se supo extraoficialmente es de ocho mil pesos quincenales– que percibía.