De acuerdo con información recabada por este medio, el ayuntamiento anterior –que encabezó Gustavo Rebolledo– incumplió el convenio que hizo con Eusebio Sedano Landa, quien presentó una demanda por ello y obtuvo el laudo a su favor.

Se trata de la construcción de una casa que el ayuntamiento anterior se comprometió a realizar, a cambio de que se liberara el paso para la calle La Realidad. El ciudadano entregó el espacio, pero se quejó que el gobierno no cumplió con lo especificado en el convenio y al no recibir respuesta del mismo en su momento, lo demandó, junto con el requerimiento de una indemnización y los pagos de los gastos que generó el juicio, que en total alcanzan casi los 300 mil pesos.

De acuerdo con los abogados del afectado, hace una semana llegaron –una vez más– a cobrarle al ayuntamiento, y señalaron la camioneta que maneja el munícipe para el propósito; sin embargo, al darse cuenta de la situación, personas del ayuntamiento se llevaron el vehículo.

Advirtieron que solicitarán que se le inicie a estos trabajadores un procedimiento por diferentes conductas delictuosas como son desacato y obstrucción a la justicia.

Reconocieron que no saben si la camioneta está a nombre del ayuntamiento o en particular del alcalde, pero debieron haber permitido el embargo y aclarado después.

Por su parte, Crescencio Herrera García, director jurídico del Ayuntamiento de Zacatepec, reconoció que en días pasados se presentó el actuario del juzgado civil de primera instancia del Cuarto Distrito Judicial, para hacer requerimientos de un pago adeudado de hace algún tiempo. “Esto es un procedimiento que la administración anterior perdió y el señor, en su derecho de exigir el pago que se le adeuda, ahora nos lo está cobrando a nosotros, pero obviamente no se cuenta con los recursos suficientes. Ellos, en su derecho, señalan bienes que pretenden o piensan que puedan garantizar el adeudo, pero hago la aclaración que estamos hablando de que son bienes de uso común, que no son propiamente del ayuntamiento, sino de toda la población, destinados a la administración pública municipal, por lo que no podemos darles todos los bienes que propiamente no son ni del presidente, ni de sus servidor ni de los regidores, sino de toda una comunidad.”

El funcionario reconoció que tienen alrededor de 150 demandas laborales pendientes por desahogar y que están tratando de resolver por la vía de la conciliación, pues no hay recursos suficientes.