“El ocho de junio, fue notificado el director de la Udip acerca de una petición que hice sobre los estados financieros de la feria del 2010, y en un memorándum, me hacen llegar que hubo ingresos por $536,742.40 y que hubo egresos por $340,663.82, o sea, que hubo un remanente. No nos dice dónde se aplicó, no nos dice cuántos puestos se pusieron, de a cómo, y no nos dice en qué se gastó”, declaró García Álvarez.

Expuso que lo que se solicitó “es tan sencillo como rayar una hoja a la mitad, es lo más elemental, y poner ingresos y egresos, o sea los conceptos, por qué hubo ingresos y de dónde y también dónde se aplicaron y cuál fue el remanente y su destino, a dónde va ese dinero”.

Adelantó que uno de los miembros del grupo “Jojutla somos todos” solicitó información a través de la Unidad de Información Pública de los ocho últimos años de la feria, y le respondieron que no existe información, no existen archivos de los resultados financieros de estos años.

Opinó que no es creíble que estas cifras sean reales porque cada año se habla de la instalación de miles de puestos. Además, el trienio pasado, el entonces edil Alberto Cabrera dijo que en el periodo anterior al entonces alcalde Nelson Torres le dieron 400 mil pesos por concepto de juegos mecánicos. “Cabrera Díaz dijo que lo iba a denunciar, pero como es muy atractiva la cifra y va aumentando cada año pues simplemente la tentación es muy dura y por eso se quedó en buenas intenciones la denuncia”.

Consideró que los gobiernos hacen acuerdos antes de que se ponga la feria. “Hacen convenios atrás del pueblo, hacen convenios que llevan a sus bolsillos y eso vamos a pensar en la Canaco mientras no nos demuestren lo contrario, porque aquí están las cifras, aquí está el famoso memorándum que considero que es una falta de respeto a cualquier ciudadano por humilde que sea, cuando tratan de tomarle el pelo poniéndole dos cifras nada más; ni siquiera se molestaron en ponerle el remanente, o sea, los resultados del ejercicio, si hubo utilidades o no”.

Calificó de “vacilada” la información proporcionada por la Udip y cuestionó la capacidad académica del tesorero, que incluso firma como contador público sin serlo.