Para elaborar políticas públicas y que la población conozca sus derechos

Jojutla.- Con el objeto de contar con un diagnóstico de lo que ocurrió después del sismo del pasado 19 de septiembre y poder elaborar protocolos de prevención, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) inició un censo en la colonia Zapata de Jojutla.

José Martínez Cruz, integrante de dicha comisión, explicó que, desde hace unos días y hasta el 15 de agosto, realiza la encuesta en por lo menos 120 viviendas de 180 damnificados de la colonia Zapata de Jojutla, para contar con una muestra representativa de lo que ocurrió después del sismo.

“El objetivo es detectar aspectos de reconstrucción, que tienen que ver con todos los fondos económicos, los proyectos, lo que implica el proceso de reconstrucción, así como los procesos sicosociales del impacto que significó el sismo; la atención médica o la falta de ella, la atención psicológica o falta de la misma, etcétera. Son aspectos que no deben dejarse de lado”.

Añadió que una política de prevención debe aplicar protocolos que la ciudadanía debe conocer y la autoridad tiene la obligación de elaborarlos.

Consideró que después de esta experiencia, se deben crear mecanismos de atención a la emergencia, bien definidos para que no haya confusión.

“Otro problema que hemos detectado es el fraude, la no construcción de viviendas comprometidas o que le sacaron el dinero de las tarjetas o que la población no recibió las cantidades correspondientes o que no compraron los materiales adecuados. Y una última cuestión, que hay que aprender de los brigadistas que llegaron de todas partes, para ver cuáles son las formas de reconstrucción”.

Dijo que las encuestas se realizarán hasta el 15 de agosto y después un equipo de especialistas de la comisión se encargará de analizarla para tener conclusiones a más tardar el 19 de septiembre.

“Queremos que el estudio nos muestre los problemas principales a atender y de ahí desprender recomendaciones, lo que implica sistematizarlo y confrontarlo con información oficial y con la normatividad que rige este tipo de hechos. Pretendemos dos cosas: que la autoridad lo pueda retomar y a partir de eso precisar formas de capacitación o de políticas públicas en materia de desastres; y dos, que los habitantes de las propias colonias puedan ejercer sus derechos frente a las autoridades correspondientes”.

Finalmente, refirió que el cuestionario está dividido en afectaciones, medidas psicosociales, acciones implementadas, atención médica, seguimiento de la autoridad, intervención de brigadistas y voluntarios, entre otros.