Al menos son siete, pero ninguna autoridad ha sancionado esta violación a la Ley Orgánica Municipal, afirman

Miacatlán.- Al menos siete trabajadores del Ayuntamiento son familiares del presidente municipal Francisco León y Vélez Rivera, señaló un grupo de ciudadanos que lamentaron la falta de actuación de la Contraloría Municipal y del Congreso local ante la violación de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos durante los casi tres años de la administración. 

Los ciudadanos, de manera anónima por su seguridad, señalaron que entre la lista de familiares del edil se encuentra Dalia Sánchez Arriaga, sobrina política del munícipe y directa de su esposa, quien ocupa el cargo de asesora A, con un sueldo de 10 mil pesos.

También mencionaron a María de Lourdes Arriaga Silva, auxiliar operativo C, cuñada del presidente municipal, es decir, hermana de la esposa del edil, quien goza de un salario de dos mil pesos; Anahí Valle Gutiérrez, coordinador C, nuera del alcalde, esposa de su hijo Francisco León y Vélez, quien gana dos mil 500 pesos. 

Igualmente, a Grisel Arriaga Duarte, auxiliar administrativo C, también sobrina de la esposa del presidente, quien tiene un pago de dos mil pesos; Ángel Arriaga Silva, asesor A, hermano de la esposa del edil, con un salario de 10 mil pesos; Agustín Valle Gutiérrez, jefe de departamento B, consuegro del alcalde, con un sueldo de tres mil 250 pesos, y Clemente Arriaga Barajas, jefe de departamento D, sobrino de la esposa del alcalde, con un sueldo de cuatro mil pesos.

Los habitantes señalaron que al mantener en la nómina a sus familiares, el edil está violentando el artículo 40, fracción IX del capítulo tres de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos que habla del funcionamiento de los Ayuntamientos y claramente establece que no pueden conceder empleos en la administración municipal o tener como proveedores a cualquiera de sus miembros o sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea directa y parientes colaterales o por afinidad hasta el segundo grado, exceptuando aquellas funciones de carácter honorífico. 

Por ello, el grupo de inconformes señaló que la administración que encabeza Francisco León y Vélez Rivera incurre en esta irregularidad y  debe restituir el daño patrimonial ocasionado al erario público; sin embargo, ninguna autoridad actúa. 
Agregó que la Contraloría Municipal ha sido omisa al permitir esta irregularidad, señalada en la Ley Orgánica Municipal, por lo que se debería proceder en consecuencia.