El Ayuntamiento buscó la protección de la justicia luego de recibir la sentencia de destitución el año pasado, por  un juicio correspondiente a la gestión municipal anterior.

Puente de Ixtla.- Un juzgado de distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal a los integrantes del cabildo ixtleco, además declaró la suspensión provisional de la orden de destitución decretada por el magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas el pasado mes de septiembre, también resolvió como inconstitucional el acto promovido de la destitución por incumplimiento del debido proceso, informó Arturo Uribe, abogado externo de la comuna.

En rueda de prensa, celebrada la mañana de ayer en la zona sur, el litigante explicó que el amparo se buscó tras la orden de destitución que se ventiló en septiembre del 2017 sobre un juicio de un expediente de la administración 2012-2015, por el cual se requiere un pago de más de 250 mil pesos.

Sin embargo, dijo, el procedimiento se realizó con las notables violaciones procesales cometidas durante la ejecución, en la que se comprobó la unilateralidad del magistrado en turno para destituir a todo el cuerpo edilicio, cuando la propia ley marcaba que tenía que ser el pleno, además de que participaron funcionarios que no estaban en facultad de emitir esos acuerdos. Esto “permitió presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, afirmó.

El abogado aseguró que con ello se resolvió a fondo la ilegalidad del artículo 11 fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa y del artículo 91 de la misma ley que violan el artículo 15 constitucional y por ende la soberanía del municipio, lo que se realizó en dicha orden de destitución.

Agregó que la resolución del juzgado de distrito establece que no serán aplicados los artículos antes citados a los integrantes del cabildo.

Mencionó que con ello no se busca una excusa para que el cabildo deje de cumplir con los mandamientos legales, pues el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de cumplir; sin embargo, no se puede hacer de manera conjunta ante las condiciones de las finanzas del municipio.

Arturo Uribe señaló que esta declaratoria será extensiva para cualquier resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual no podrá ocupar esos artículos para ordenar al Ayuntamiento la destitución, pues se tiene que allegar de otros medios de apremio, como multas, apercibimientos, y de otras formas de ir caminando, ya que de lo que se trata no es de destituir, sino de que se cumplan las sentencias.

La administración que encabeza Dulce Medina Quintanilla tiene ante la justicia administrativa 80 demandas, mientras que de juicios que están en procedimiento y de juicios laborales enfrenta alrededor de 600, en ejecución y activos, entre los que hay sentencias incluso del año 2003, que suman entre 80 y 90 millones considerando temas civiles, administrativos y laborales.