Lo anterior, tras el despido masivo que realizó la actual administración el paso mes de noviembre de 2009. “Se nos dejó de pagar nuestros salarios y demás prestaciones por parte de la Tesorería municipal. Ante estos actos inconstitucionales, promovimos procedimiento penal correspondiente, un juicio de amparo el cual se radicó ante el juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos”, explicaron.

Los afectados mencionaron que hay omisión por parte de las autoridades municipales para responder y acatar lo dictaminado por el juez. “Con fecha 19 de agosto del presente año, el Juzgado Tercero de Distrito hizo del conocimiento a las autoridades responsables de dicha resolución, para el efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el amparo; sin embargo, a pesar de tener ya un tercer requerimiento para dar cumplimiento, hoy el juez de distrito está a punto de separar del cargo a las autoridades responsables en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución federal”, insistieron.

Asimismo, refirieron que el juez les otorgó la suspensión provisional y la cual nunca fue acatada por las autoridades responsables y hasta hoy –dijeron– están en espera de que el Primer Tribunal Colegiado resuelva sobre dicha situación y en su caso, de ser procedente, iniciar un juicio penal en contra de las autoridades responsables –el alcalde, el director de Seguridad Pública y la tesorera municipal– y con ello sean separados del cargo.

Asimismo, señalaron que el adeudo asciende a poco más de dos millones 500 mil pesos que tendrá que erogar el municipio para el pago a los policías que fueron despedidos de manera injustificada al inicio de la administración del actual alcalde, Ángel Rivera Bello.