Puente de Ixtla.-  El juez cuarto de distrito determinó la destitución de la presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla, así como de los regidores y el síndico de este lugar, por el incumplimiento y la negativa de proporcionar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a un elemento policial jubilado.

Lo anterior lo notificó ayer la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA), la cual estableció la destitución de todos y cada uno de los integrantes del cabildo del municipio, después de que incumplieran con la resolución definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TCA/3ª S/110/2014, promovido por Felipe Domínguez Ayala, elemento de la policía jubilado de dicha comuna.

Francisco Javier Salgado Guzmán, representante legal del agente jubilado, informó que la resolución fue en cumplimiento a una orden del juez cuarto de distrito con sede en Morelos, en ejecución de una sentencia de amparo dictada en el expediente 67/2017.

El abogado explicó que lo anterior se derivó después de que las autoridades destituidas se negaran a proporcionar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a Felipe Domínguez.

La mencionada orden de destitución fue emitida por Jorge Alberto Estrada Cuevas, titular de la tercera sala del órgano jurisdiccional, y en cumplimiento de la orden de un juez federal, debido a la rebeldía injustificada de los miembros del Ayuntamiento de Puente de Ixtla para cumplir con las obligaciones que tienen respecto de los trabajadores del municipio.

Comentó que previó a esto se les impusieron multas por un monto superior a los 500 mil pesos, las cuales a pesar de haberse ordenado que fueran pagadas con sus propios recursos, fueron cubiertas con dinero del erario.

Además de la destitución, el TJA también determinó que los funcionarios fueran inhabilitados, para que en un plazo de un año no puedan desempeñar ningún cargo público.

El representante legal recalcó que al tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de un juicio de amparo, emitido por un juez federal, las autoridades destituidas no podrán hacer uso de ningún medio de defensa, pues tal circunstancia hace improcedentes tanto el juicio de amparo, como la controversia constitucional, contrario a lo que ha pasado en otros asuntos, en los que se han librado de la sanción al exhibir los pagos correspondientes. “Sin embargo, al tratarse del incumplimiento de una prestación no pecuniaria, se ven imposibilitados por el perjuicio causado al trabajador que demandó y por la rebeldía injustificada de las mismas autoridades”, citó.

Aseguró que el Tribunal de Justicia Administrativa ha notificado tanto al titular del Ejecutivo estatal como al Congreso del Estado por la trascendencia de la resolución y ha requerido al secretario general del Ayuntamiento de Puente de Ixtla para que dentro de dos días convoque a los suplentes de las autoridades destituidas, con el fin de que asuman el cargo correspondiente y, una vez hecho eso, den cumplimiento a la resolución dictada por el juez federal.

El representante legal indicó que la sanción se da en un contexto de corrupción, rebeldía y desprecio hacia el estado de derecho mostrado por las autoridades, ya que la destitución obedece al incumplimiento de una prestación que no implica la erogación de ningún tipo de recurso económico, pues se trata de un simple trámite administrativo que se negaron a cumplir. “La resolución descrita se da, según las autoridades jurisdiccionales, derivado del ‘desprecio hacia la cosa juzgada’ mostrada por las personas sancionadas, así como por diversas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”, apuntó.

Señaló que las personas que fungían como autoridades en funciones han sumergido al municipio en una problemática preocupante, pues se ha generado ingobernabilidad y una administración incierta, pues a causa de la negligencia de los titulares de la administración pública, y por casos como este, han fallecido personas al no contar con los servicios médicos adecuados a los que tienen derecho y se han enderezado acciones legales tendientes a conseguir la indemnización correspondiente, lo cual acentuaría la supuesta crisis económica que atraviesa el municipio por la simple negligencia de las autoridades, acotó.