Jojutla.- El juicio que inició la pasada administración municipal y que continuó la actual por la recuperación del inmueble que ocupa el Partido Revolucionario Institucional en el centro de la ciudad desde hace varios años, concluyó el jueves de la semana pasada.

La directora jurídica del ayuntamiento, Martha Inés Abúndez Robles, confirmó que la semana pasada concluyó el proceso, y ahora están a la espera de la resolución del juez, que espera sea favorable al municipio, ya que a pesar de que el PRI lleva años ocupando el edificio, no acreditó de ningún modo la propiedad.

Aclaró que el juicio lo inició el gobierno pasado en el año 2014, ya que existen documentos que avalan que el predio que ha ocupado por décadas el partido tricolor es propiedad municipal.

Dijo que se trata de un juicio ordinario civil, de los llamados reivindicatorios, que se llevó ante el juzgado del cuarto distrito, juzgado civil de primera instancia.

Aseguró que el municipio es dueño de ese inmueble, porque cuenta con la escritura pública correspondiente, y si bien el partido político lo ha ocupado por años, los bienes públicos son imprescriptibles e inembargables.

Aclaró que la disputa es por las dos plantas del edificio, por el momento no se incluyen los locales comerciales que se encuentran en la planta baja, pero no se descarta iniciar juicio también, una vez terminado el actual.

Dijo no tener la fecha desde la cual el PRI ocupa el edificio, pero sostuvo que lo hizo de manera ilegal, porque no cuentan con una justificación en documento público, que sea indubitable, oponible a terceros para oponerse, ocupando esa fracción o ese piso del edificio en su totalidad.

Tampoco, nunca ha pagado renta, ni tienen convenio de comodato o donación.

“Ya se mandó a estudio este expediente, para dictar sentencia definitiva, es decir, cómo se va a resolver; si se condena al PRI a devolver el predio a favor del municipio y del gobierno del estado,  o se le absuelve. Va ganar quien tenga un mejor instrumento legal que sea oponible a terceros, y en este caso, el PRI no acreditó ningún derecho, no pudo documentar ningún acto jurídico de estos y de nuestra parte se exhibió una escritura pública”.

Dijo que el dictado de sentencia dependerá de la carga de trabajo del juzgado, que podrían ser dos meses o más.

No obstante, reconoció que el juicio no podría terminar ahí, pues el PRI todavía tendría algunos recursos.

“La parte demandada también cuenta con un recurso para impugnar esa decisión y entonces se abriría la segunda instancia, esto significa que este mismo asunto, ahora lo va a conocer un juez un superior jerárquico a este juzgador, que sería la sala que corresponde conocer. Un magistrado va a presentar un proyecto en el que se modifique, se revoque o se confirme el criterio dictado por el primer juzgador, y de esa misma manera, todavía tenemos una última instancia que es el juicio de amparo directo”.