Puente de Ixtla.- Se quejan vecinos de la comunidad indígena de Xoxocotla por operativo alcoholímetro, aseguraron que son irregulares.

Guadalupe Teodosio Guerrero, vecina de la comunidad, denunció el abuso de autoridad por parte del delegado José Flores Rosales para implementar durante los fines de semana el alcoholímetro sobre la carretera local Alpuyeca–Jojutla a la altura de la comunidad, “solamente sabemos que es por parte del municipio y que ingresa a tesorería, pero cuando buscamos a Josué Espíndola y al diputado Julio Espín para denunciar los abusos en estos operativos, ellos nos dijeron que se eliminarán porque no se están llevando a cabo como debe ser, sin embargo a la fecha no se ha cumplido”, dijo.

Teodosio Guerrero comentó que este operativo del alcoholímetro se ha convertido en un negocio para las autoridades de la comunidad y termina ahuyentado al turismo, ya que la localidad es paso obligado para los turistas, pero no quieren venir porque por una cerveza les cuesta entre ocho a nueve mil pesos la multa, más el arrastre y corralón, “que esto ha sido un negocio redondo y no vemos que se refleje ni siquiera en garantizar el resguardo de la ciudadanía, ni mucho menos en obras en nuestra comunidad”, citó.

Agregó que de acuerdo con lo que ha comentado el personal de la delegación durante los fines de semana se llegan a detener de 30 a 50 vehículos por noche, cada fin de semana, “que no se ven reflejados en obras en la comunidad, ni mucho menos en la disminución de accidentes, ni como garantía de la seguridad de los visitantes y los propios habitantes de la comunidad”, apuntó.

Señaló que por parte del gobierno municipal que encabeza Dulce Medina Quintanilla se aseguró que ya no habrá alcoholímetro y que las infracciones que se han aplicado serán devueltas ya que no han ingresado a la tesorería municipal, sin embargo no se ha cumplido con eso, dijo.

Finalmente, el grupo de vecinos inconformes intentó sacar los vehículos detenidos del corralón, sin éxito, además de que señaló que estos operativos se realizan bajo artículos que no están bien justificados y los policías que lo aplican en realidad no son policías sino ciudadanos que son utilizados para esta práctica. “Es lamentable que nuestras autoridades están para proteger a la ciudadanía y no estar sangrándole los bolsillos”, acotó Teodosio Guerrero.