Jojutla.- El ayuntamiento de Jojutla no presentó ningún tipo de denuncia penal, por el caso de las trabajadoras del refugio de la mujer a las que les quitaban la mitad de su salario –como ellas lo dijeron-, sólo las asesoró, declaró Alberto Salgado Pérez, quien atendió ese caso.
El funcionario reconoció que cuatro profesionistas que laboraron en el refugio y que esta semana denunciaron diversas anomalías con el recurso federal aplicado de mayo a diciembre de 2016, acudieron al ayuntamiento a denunciar las irregularidades, entre ellas, que la directora de la instancia de la mujer Maricela Román Reinoso y la asesora jurídica del refugio Rocío Hernández Quiroz, les quitaron durante los meses de mayo a agosto, la mitad de su salario, de más de 18 mil pesos mensuales, el cual, entregarían a la regidora del área, Graciela Domínguez García.
Salgado Pérez, abogado de profesión, y actualmente director de licencias de funcionamiento de la comuna, reconoció que las entonces trabajadoras hicieron conocimiento de la situación al presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien turnó el asunto a la secretaría municipal.
“Una vez que secretaria me dio a conocer la situación, de que ya habían platicado con el presidente (me dijeron) que se les diera la asesoría correspondiente. Yo les dije cuáles eran sus derechos, que si se sentían agraviadas, pues que era competencia de la fiscalía determinar si existe o no delito”.
Aunque las jóvenes aseguraron este martes (4 de abril) que el ayuntamiento las ayudó a poner la denuncia penal, que además perdieron por el “poder” de la regidora Graciela Domínguez, Salgado Pérez reiteró que la administración municipal no presentó formalmente querella, no obstante, no descartó que la hayan interpuesto.
“Sí supe que la ingresaron. Desconozco los números de carpeta de investigación, pero en una ocasión que les iban a regresar el dinero con el secretario Adán (Uribe), me llamaron y ahí estaba la licenciada Maricela y ella me estaba pidiendo los números de carpeta, pero yo no los tenía en ese momento”.
Dijo que en caso de existir denuncia, sería de hechos y ya le correspondería a la fiscalía determinar si existe o no existe un acto que consideren como delito.
Precisó que al ayuntamiento lo que le corresponde es investigar irregularidades administrativas, a cargo de lo cual estaría el contralor.
De las demás anomalías, como falta de alimentos, expedientes falsos, informes irregulares a la autoridad federal que financió el proyecto del refugio, el funcionario respondió que sí se lo comentaron a las autoridades municipales.
Interrogado acerca de si como director de evaluación, cargo que ocupaba entonces, tenía alguna responsabilidad, dijo: “(Sólo) de darles esa asesoría, porque al final de cuentas, ellas no eran trabajadoras directas del municipio, las supervisaba la directora de la instancia de la mujer Maricela Román”.
