El juez de control especializado en justicia para adolescentes, José Luis Jaimes Olmos, consideró necesario fortalecer las políticas públicas de prevención para evitar que los menores de edad sean captados por grupos delictivos.
Explicó que el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está diseñado para su reeducación, a través de programas individualizados que les permitan no sólo desarrollar sus habilidades y sanear su falta, sino tener conciencia de que sus actos tienen consecuencias.
Sostuvo que las razones por las que delinquen los menores son multifactoriales, porque tienen que ver desde la desintegración familiar y la falta de medidas de contención que requiere un chico en desarrollo físico y mental, hasta el entorno geográfico y social en el que se desenvuelven.
Ante ello, consideró necesario reforzar las políticas públicas tendientes a prevenir que los menores sean atraídos por personas o grupos vinculados a la delincuencia, pues a pesar de que los adolescentes reconocen la diferencia entre el bien y el mal, todavía están en proceso de madurez, de desarrollo de personalidad y no son capaces de contener sus impulsos ni de entender las consecuencias.
“El sistema de justicia para adolescentes es un sistema que establece que el adolescente se reinserte a su comunidad y familia, pero no para justificar lo que hizo, sino para hacerle conciencia de que sus actos generan consecuencias y por ende responsabilizarlo en la medida en que generó la comisión de un delito y trabajar con él a través de un programa individualizado”.
“Pero me parece que debemos de fortalecer las políticas preventivas para darle áreas de oportunidad a los adolescentes, trabajar en aquellas comunidades que se consideren un foco rojo delictivo, para evitar que atraigan o capten a nuestros adolescentes”, dijo.
Recordó que la Ley Única de Justicia para Adolescentes, vigente en todo el país desde el mes de junio, establece nuevas disposiciones en beneficio de los menores infractores, como la medida cautelar de prisión preventiva hasta por un periodo máximo de cinco meses en casos de delitos graves, y estandarizó la medida sancionadora de entre tres y cinco años de internamiento, según el grupo etario.
