Dijo que las boletas, en las que se asienta el rendimiento académico de los estudiantes para su pase al siguiente grado, “podrían estar afectadas de nulidad, pueden ser apócrifas, pueden ser falsas, pueden convertirse en negocio. En algunas escuelas los padres de familia se están quejando de que les están pidiendo una cooperación de 50 pesos para la entrega de boletas”.

Afirmó que el Instituto de Educación Básica tiene que dar una explicación amplia y creíble de su inaudita decisión de ordenar la impresión en formato simple de las boletas, porque “hasta ahorita no conocemos ninguna disposición legal que diga que en cada escuela se van a hacer boletas, que se van imprimir y se van a repartir. Eso es una locura”.

Recalcó que las boletas y certificados de calificaciones son documentos públicos que deben ser autorizados y autenticados por las autoridades educativas, para que tengan validez oficial dentro y fuera del país, además de contar con medidas de seguridad para evitar falsificaciones o alteraciones.

“Es como si el día de mañana la Facultad de Derecho expidiera títulos y cédulas profesionales o boletas sin que tuviera que intervenir la universidad”, dijo, y subrayó que el IEBEM es el único facultado para entregar boletas a las escuelas, para que haya certeza de que esos documentos son válidos en otras entidades del país o el extranjero.

Insistió en que el IEBEM tiene que dar una explicación de frente a la sociedad y asumir las responsabilidad de las secuelas legales que la decisión pudiese provocar, e instó a los padres de familia a no permitir que se les cobre la impresión de la boleta y promover recursos legales o quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, porque se violentarían los derechos de los menores.