En el cajón permanecen las reformas realizadas por la anterior legislatura para la aplicación del alcoholímetro en todo el estado y fuertes sanciones a los automovilistas ebrios, con el propósito de disminuir accidentes de tránsito y muertes asociados al consumo en exceso de bebidas embriagantes.

En marzo de 2015 entraron en vigor las modificaciones y adiciones a las leyes de Seguridad Pública, de la Administración Pública Estatal, de Salud, de Tránsito, Orgánica Municipal y para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta, así como al Código Penal de Morelos.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio del decreto legislativo, el Poder Ejecutivo y los 33 municipios tenían un plazo de 120 días hábiles para realizar las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias o expedirse las complementarias para la aplicación del alcoholímetro y las respectivas sanciones a quienes infrinjan la ley. Así como el establecimiento de los “toritos”, donde los infractores cumplirán sus arrestos administrativos de hasta 36 horas.

En agosto del año pasado venció el plazo para que todos, el Estado y los ayuntamientos, tuviesen armonizada su normatividad y llevar a la práctica los artículos 8 BIS, 9 BIS y 10 BIS adicionados a la Ley del Tránsito del Estado de Morelos, que establecen la competencia de las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo programas de control para la prevención de accidentes y delitos generados por el consumo inmoderado de alcohol a través de la aplicación, de manera aleatoria, de pruebas de alcoholimetría.

Hasta ahora, de manera intermitente, Jiutepec, Temixco y Tepoztlán han sido los únicos municipios que han aplicado operativos para la implementación del alcoholímetro, sin embargo el tema parece no estar en la agenda inmediata de los gobierno estatal y municipal por la falta de presupuesto.