El Congreso del Estado deberá emitir el decreto por el cual deberá ratificar en el cargo a la magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Leticia Taboada Salgado, luego de que la legislatura anterior se negó a evaluarla.

En noviembre de 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conceder el amparo a la magistrada para efecto de que los diputados emitan el decreto de ratificación, con base en los mismos fundamentos en que fue confirmado por un segundo periodo de ocho años el magistrado Norberto Calderón Ocampo, quien también ostenta la calidad de supernumerario.

A través de los juzgados de distrito, el máximo tribunal del país ya notificó el engrose de la resolución de la Segunda Sala al Congreso, con lo cual la actual legislatura está obligada a ratificar a Taboada Salgado en la magistratura por un segundo periodo, pero hasta el momento no se ha emitido el dictamen respectivo.

En julio de 2014 Taboada Salgado concluyó su periodo de seis años para el que fue designada, pero por influencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura y por decisión de los hoy diputados federales Lucía Meza del PRD y Javier Bolaños del PAN, presidenta de la Mesa Directiva y presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, la LII Legislatura local (que concluyó el pasado 31 de agosto de 2016), determinó que ella no tenía derecho a ser evaluada y ratificada en el cargo por un segundo periodo de ocho años por su condición de supernumeraria.

La magistrada promovió y ganó un juicio de amparo, en el que un juez federal declaró procedente su ratificación y la restitución de todas sus prestaciones y “salarios caídos”

Inconforme, la entonces diputada local en representación del Congreso promovió la revisión del amparo, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

En la sesión del 18 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la SCJN resolvió en favor de Taboada Salgado el amparo en revisión 846/2015, cuya ministra ponente Margarita Luna Ramos criticó la actuación de la pasada legislatura por sus criterios contradictorios e ilegales.

La segunda sala consideró también que el Congreso de Morelos violó los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica e igualdad en agravio de Taboada Salgado, al aplicar de manera discrecional criterios discriminatorios y discordantes.