Sobre el proyecto de ley que fue presentado en la legislatura pasada y que no fue aprobado porque ya estaba por finalizar el periodo de los legisladores, Raymundo Espinoza señaló que “quienes están participando en esta intención, deben considerar tener buenos asesores, porque  lo que se hizo estuvo mal planteado y sólo se copió y pegó lo que ya existía en la ley federal” y al respecto, dijo, hay algunas consideraciones que se deben hacer, como la transición que habrá del mecanismo que actualmente opera en el estado de buena voluntad, y la aplicación de la ley (cuando sea el caso), ya que se tienen expedientes abiertos en este momento y tienen que ser considerados  dentro de la nueva ley.

El abogado especialista manifestó que “hay competencias que se empalman, es decir, se dan competencias a instancias locales, que son federales; también el tema del fondo el cual se refiere que se obtendrá con recursos federales, cuando el que se tiene que crear es con recursos estatales;  se observa una inequidad en la integración de quienes estarían al frente de la junta de gobierno, donde habría dos personas defensoras y cinco periodistas, lo cual es inequitativo; se debe reconocer la actividad de ambos gremios como de interés público y no está plasmado en este proyecto que presentaron; es decir, se debe tener cuidado con la redacción, que son cuestiones técnicas mínimas, pero que se deben considerar”.

En este contexto, Raymundo Espinoza consideró fundamental que “la legislación y la producción de normas jurídicas, así como los cambios a la Constitución que se hagan en materia de protección a periodistas y activistas, no se deje en  manos de nuestros supuestos representantes o legisladores,  sino que asumamos la responsabilidad de participar activamente y generar conciencia social y una presión que nos permita sustituir una serie de vacíos institucionales que hay en el país para lograr una buena ley”.