La defensa de los universitarios propuso este método para agilizar el proceso legal, porque notificar de manera personal a cada uno de los concesionarios llevaría más tiempo. El objetivo es agilizar un juicio que se podría llevar hasta tres años. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo accedió hace dos meses, y es la fecha en que no se ha llevado a cabo por falta de recursos económicos.

Sin embargo, el edicto tendría que publicarse en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en el boletín judicial, lo que costaría cerca de 300 mil pesos, según explicó Juan Juárez Rivas, abogado defensor de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

“10 renglones valen 5 mil y 7 mil pesos, y son 35 páginas las que se deben publicar, tomando en cuenta que se informaría de todo el caso para que los concesionarios respondan, y nosotros no contamos con todo ese dinero, nos es imposible hacerlo”, declaró el abogado.

Juárez Rivas señaló que aunque los estudiantes son los más interesados en que el juicio se resuelva a su favor, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el responsable de informar a los acusados y no ha cumplido con esta obligación.

A pesar de esto, los estudiantes solicitaron a la Comisión de Tránsito, Transportes y Vialidad del Congreso del Estado su apoyo para solventar los gastos de la publicación, y la presidenta, la diputada Guadalupe Jiménez Tovar, se comprometió a apoyarlos.

Juan Juárez Rivas dijo que sólo están en espera de una respuesta concreta de la presidenta de la Comisión de Transportes para llevar a cabo la publicación, porque ya pasó mucho tiempo y el juicio sigue sin avanzar.

“En un inicio se retrasó por responsabilidad del magistrado encargado del caso, y después por el director de Transportes (David Gómez Basilio) que se negó a proporcionar el padrón de concesionarios de rutas cuando era su obligación, incluso se le sancionó una vez pero eso no sirvió para que cumpliera”, comentó el abogado.

El juicio de nulidad fue impulsado por los estudiantes de la Facultad de Derecho al argumentar que el incremento de un peso a la tarifa del transporte colectivo fue excesivo, porque de haberse aplicado de acuerdo a la ley el aumento debió ser de 40 centavos máximo.