Al iniciar la controversia constitucional 55/2015, el ayuntamiento demandó la invalidez de cualquier orden verbal o escrita de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Morelos tendiente a ejecutar retenciones o descuentos a sus participaciones federales y los recursos que le corresponden del Fondo de Fomento Municipal.

Con la admisión de la demanda, el máximo tribunal el país concedió la suspensión al ayuntamiento sólo para que las autoridades estatales no dejen de ministrar los subsecuentes pagos de participaciones o aportaciones federales, estatales y del Fondo de Fomento Municipal que le corresponden a la comuna.

A pesar de que el ayuntamiento pidió a la SCJN como medida cautelar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal deposite de manera directa los recursos a la comuna, la solicitud fue rechazada al considerar que la medida suspensional decretada es suficiente para evitar afectaciones al municipio hasta en tanto se dicte sentencia en la controversia constitucional.

“Así las cosas, la suspensión se concede en los términos ya precisados, a fin de salvaguardar la tutela jurídica respecto de la continuidad del ejercicio de las funciones del gobierno del Municipio actor, hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, máxime que con esta medida no se afecta la seguridad y la economía nacionales ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se causa un mayor daño a la sociedad en relación con los beneficios que pudieran obtener con ella sino que, por el contrario, al otorgarla lo único que se pretende es salvaguardar la autonomía municipal”, dice el documento de suspensión otorgado al ayuntamiento.

Recientemente, los municipios de Ayala y Amacuzac promovieron también controversias, solicitando también que el Poder Ejecutivo que no ejecute descuentos a sus participaciones federales y estatales.

El año pasado los ayuntamientos de Jiutepec Tlaquiltenango, Jonacatepec, Ocuituco y Jantetelco promovieron controversias por el descuento de participaciones federales que realizó la Secretaría de Hacienda estatal para recuperar los adelantos de participaciones que el gobierno estatal dio a los municipios en el 2013 para ayudarlos a enfrentar los problemas financieros heredados por las administraciones anteriores.

La mayor parte de los ayuntamientos siguen en crisis financiera y a tres meses de concluir las administraciones municipales, los alcaldes no han podido hacer frente a sus obligaciones legales y patronales.

El caso de Emiliano Zapata es emblemático, ante la destitución del edil Carlos Eduardo Martínez Varela y la tesorera Liliana García Ortega, por incumplir sentencias judiciales que ordenaron la devolución de impuestos a particulares ante la falta de presupuesto. Incluso, el ayuntamiento enfrenta dificultades para cubrir la nómina y pagar el servicio de energía eléctrica.