El ayuntamiento de Ayala se unió a los municipios que promueven controversias constitucionales, para evitar que el Poder Ejecutivo les haga descuentos a sus participaciones federales para saldar su adeudo con la administración estatal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia 49/2015 promovida por la comuna de Ayala, y le concedió la suspensión para efecto de que a partir del mes de septiembre, la Secretaría de Hacienda estatal no le haga más descuentos por lo que queda de la administración municipal y hasta que se resuelva de fondo el recurso jurídico.

De acuerdo con la demanda, el ayuntamiento demandó “la invalidez de órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para afectar las participaciones federales  y las aportaciones estatales, y Fondo de Fomento Municipal correspondientes al municipio de Ayala, Morelos, retenciones y descuentos realizados por conducto de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2015 y subsecuentes meses del ejercicio fiscal 2015”.

Por cuanto a los descuentes consumados, la SCJN determinó improcedente la suspensión y sólo concedió al municipio la protección constitucional para que los meses posteriores el Poder Ejecutivo no haga más retenciones de las participaciones federales que tocan al municipio de Ayala.

En el 2012, cuando iniciaban las actuales administraciones municipales, el gobierno estatal les concedió préstamos o adelantos de participaciones federales a la mayor parte de los ayuntamientos para que hicieran frente a sus crisis financieras.

El acuerdo, por lo menos verbal, fue que a lo largo de tres años los municipios saldarían su deuda a través de descuentos a sus participaciones, pero por dificultades o malas administraciones los ayuntamientos no lograron remontar sus crisis y los alcaldes buscan conservar sus ingresos para hacer frente a adeudos, sentencias judiciales y liquidación de empleados, como el pago de prestaciones como el aguinaldo a los trabajadores de base.

En algunos casos, la SCJN ya resolvió que efectivamente los municipios deben cubrir el adeudo con el gobierno de Morelos, pero debe existir un convenio entre las partes en que se establezcan las condiciones de pago.