A la fecha el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) sólo ha registrado alrededor de 20 quejas por esa conducta, en las cuales "se intervino de inmediato" para corregir el problema, pues la solicitud fue hecha por padres de familia, argumentó el director del organismo, Fernando Pacheco Godínez, al dar a conocer que tampoco hasta ahora se han aplicado sanciones a directores o profesores por esta situación.

"Todos hemos sido estudiantes, hemos ido a la escuela y sabemos que el dinero nunca es suficiente, toda llamada o inconformidad que nos ha llegado ha sido atendida y si todavía hubiera algún caso en cierto lugar, lo atenderemos de inmediato porque queremos dejar claro que no debe existir ningún condicionamiento para que las niñas y los niños vayan a la escuela.  Los padres de familia son muy participativos y eso sí lo pueden hacer, pero eso debe ser voluntario y debe haber un manejo muy transparente. Ellos no pueden impedir que se inscriba algún niño porque no dio la cuota", argumentó el funcionario al ser cuestionado sobre las quejas que se han hecho públicas por parte de algunos padres de familia.

Cabe señalar que incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) fijó su postura al respecto, con la publicación de un comunicado, en el que deja en claro que "en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, o la entrega de documentación a los educandos, al pago de contraprestación alguna”.

“No se puede afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos", indica.

Además se expone que "la Ley General de Educación establece que “se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.

"Refiere que en el Artículo 6° del ordenamiento federal se señala que en ningún caso se entenderá como contraprestaciones del servicio educativo cualquier donación o cuota voluntaria destinada a la educación que imparte el Estado".

La SEP establece que "las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias".