En una auditoría ordenada por el Congreso local en junio del 2007 (a cuyos resultados La Unión de Morelos tuvo acceso) se concluyó que durante el proceso de entrega de concesiones se cometieron anomalías que ameritan sanciones administrativas y una posible reposición del proceso.
Mediante un extenso informe que fue archivado durante tres años, la Auditoría Superior de Fiscalización destaca que no hubo un estudio previo para llevar a cabo la expedición de concesiones, además de que la mayoría de los beneficiados no cumplieron con todos los requisitos.
De igual forma, el órgano auditor detectó que una sola persona se benefició hasta con seis juegos de placas y nueve concesiones se entregaron entre familiares, a pesar de que la Ley Estatal de Transporte señala que una persona puede contar hasta con tres concesiones.
Pero no sólo eso, también se señalan nombres de servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Planeación y Finanzas y del mismo Congreso del Estado.
Se señalan nombres como Erwin Óscar Flores de las Casas, entonces agente del Ministerio Público, y Providencia Almanza Ocampo, trabajadora de la Secretaría de Gobierno en el 2006, actual secretaria particular del director de Transportes, Francisco Alva Meraz.
Así, la Auditoría Superior Gubernamental informa al Congreso local que la entrega de concesiones fue irregular: “En resumen las consideraciones hechas con antelación es válido determinar que el proceso para la entrega de nuevas concesiones no estuvo apegado a la normatividad, dado que la convocatoria no fue elaborada conforme a disposiciones de orden público lo que provoca la posible comisión de faltas administrativas al no observarse los principios de eficacia”.
La auditoría al proceso de entrega de concesiones del 2006 fue propuesta por el ex diputado Luis Alberto Machuca Nava y respaldada por el actual director de Transportes, Francisco Alva Meraz, entonces legislador de la bancada panista.
Sin embargo, los resultados dados a conocer por el auditor Gerardo Casamata Gómez a la Comisión de Transportes de la 50 Legislatura nunca procedieron y se quedaron archivados.
