Una comisión de integrantes de dicho grupo, encabezados por su representante, Yosmín Castillo Castrejón, entregó un documento (con un anexo de lo que aseguraron son más de mil firmas de solicitantes) en el Congreso local para demandar que se respete la Ley del Servicio Profesional Docente, pues sostuvo que se ha violentado en varios aspectos y, por tanto, se tiene que suspender la evaluación hasta que se cuente con todos los elementos necesarios.

El Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE) no ha cumplido lo que establece dicha norma en su artículo 68, el cual establece que cuando menos con tres meses de anticipación, los maestros que serán sujetos de la evaluación de permanencia debían conocer en qué serán evaluados, contar con su contraseña y clave de usuario para el registro a la plataforma del sistema de cómputo.

Indicó que la referida plataforma sí está activa desde el 15 de junio pasado, pero si los docentes no tienen esa clave o "usuario", no pueden subir las evidencias didácticas que se les solicitaron.

"Es un relajo lo de las fechas, hay un descontrol total por parte de la autoridad federal", argumentó Castillo Castrejón al indicar que en el primer calendario, el INEE marcó como período del 15 de junio al 3 de julio, después dijeron que era del 15 de junio al 15 de julio y ahora del 15 de julio al 15 de agosto.

Encima, hay una evaluación "piloto" que no aparece en la legislación y que el INEE establece en su calendario el 19 de agosto y últimamente para el 3 de septiembre. "Los compañeros ya no saben si son de la prueba piloto o de la prueba de permanencia y desempeño profesional."

Aseveró que este caos es motivo suficiente para solicitar al Congreso la suspensión definitiva, en tanto que existan condiciones que garanticen las condiciones adecuadas para la evaluación.

Al fijar la postura de este grupo del gremio, Castillo Castrejón expresó que les han dicho a sus compañeros que han sido convocados a la evaluación que se presenten para evitar el riesgo de ser despedidos; pero advirtió que se van a amparar en contra del proceso de aplicación, de resultar “no idóneos”.

Otro de los argumentos que serían usados para el amparo de la justicia federal sería la suspensión "política" de la evaluación que hizo el secretario federal de Educación Pública, Emilio Chuayfett, antes de las elecciones, además de que la plataforma del sistema de cómputo no ha estado activa (aseguró que hasta ayer a las 12 del día no lo estaba), además de que a los profesores a evaluar no les llegó al contraseña o clave de usuario para acceder a dicha plataforma de la evaluación que se aplica en línea.

Destacó que otro de los motivos para demandar el amparo contra el proceso será que los maestros no fueron capacitados, porque no se trata sólo de encender la computadora, sino hacer la conversión de programas de archivos.

"Tienes que saber al menos convertir del formato PDF a JPG o a JPEG los archivos de las evidencias didácticas que se nos solicitan, es decir, es un proceso, del que hasta ahora no se ha capacitado a mis compañeros cómo hacer", finalizó.