La Fiscalía General del Estado se quejó ante un Tribunal de Juicios Orales, ya que los testigos del homicidio de una joven adolescente que fue obligada a consumir cocaína hasta provocarle la muerte no se presentan a las audiencias, porque han recibido amenazas de muerte desde el pasado viernes.
En la audiencia del martes se respiraba en el ambiente la tensión, ya que se tuvo que decretar un receso para que llegaran a rendir su declaración peritos de la FGE, aunque éstos no acudieron.
El defensor particular aprovechó para solicitar que se desecharan las pruebas de la agente del ministerio público, pero lo hizo en un tono imperativo, y lo único que logró es que la juez presidenta de este órgano jurisdiccional, Gabriela Acosta Ortega, le llamara la atención porque “rompía el orden y la disciplina”.
El juicio oral en contra de los dos jóvenes debió iniciar desde la semana pasada, pero los testigos llamados no han acudido a rendir su testimonio ante el Tribunal de Juicios Orales, integrado por las jueces Gabriela Acosta Ortega, Angélica Jaimes Salgado y Guadalupe Arredondo García.
En la audiencia programada para el pasado martes por la tarde, la fiscal Naiby Ríos Sandoval se quejó porque sus testigos han sido amenazados desde el pasado viernes
Los testigos eran Mario Antonio "N", Hernán "N" y Maribel "N", pero no llegaron a la cita, no obstante que el tribunal decretó un receso para esperar su arribo.
El homicidio de María Fernanda “N” en su momento provocó revuelo social, cuando se dio a conocer que tres jóvenes llevaron a dos adolescentes a una residencia y las obligaron a consumir cocaína, abusando sexualmente de ellas.
La fiscal, a través de llamadas telefónicas, trató de alargar la audiencia y dijo que los peritos ya estaban cerca, pero tras minutos de espera, la presidenta del tribunal consideró que el tiempo que aguardaron era considerable.
El debate en la audiencia no fue sobre el contenido de las declaraciones de los testigos, sino más bien sobre si las pruebas tienen o no que ser desechadas, pero el tribunal consideró dar otra oportunidad al ministerio público para que pueda desahogar las pruebas correspondientes.
