La Primera Sala SCJN, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, determinó que es posible que los abogados en un contrato de prestación de servicios de defensa legal pacten sobre un porcentaje de la pensión alimenticia extraordinaria, sin embargo, la contraprestación no debe de ninguna manera vulnerar los derechos de los menores a recibir alimentos.

En el caso, el abogado reclamó el 50% de la cantidad que se obtuvo con motivo de la gestión del pago de los alimentos de un menor, más el interés moratorio a razón del 10%.

En la sentencia, el ministro ponente estableció que tal contraprestación resultaba excesiva y desproporcionada, porque ponía en riesgo los derechos del niño a recibir alimentos. 

Según se explicó, en la medida que la finalidad de la institución de alimentos es satisfacer las necesidades básicas del acreedor alimentario, lo cual toma especial relevancia tratándose de menores de edad, el interés superior del niño exige una efectiva protección para procurar la mayor cobertura de sus derechos alimentarios.