La presidenta de la CDHEM, Lucero Benítez Villaseñor, informó que inició la queja de oficio y solicitó tanto al Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal de Seguridad, así como al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, sendos informes sobre la situación que prevalece respecto de la seguridad pública municipal.

Informó que por ser una situación extraordinaria, se dio a las autoridades un plazo de 12 horas para enviar sus informes al organismo, que tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos de la población.

“Esperemos que nos rindan los informes a la brevedad; se están dando 12 horas porque es una situación delicada que ya ha prevalecido en diferentes municipios, en donde si hay resistencia a que el Mando Único sea quien esté llevando a cabo las medidas de seguridad, pues inmediatamente viene este tipo de pronunciamientos, en donde el Estado se impone y va a ser a consideración de lo que ellos dicen.

“Ahí es muy importante tomar en cuenta que ahí ha habido diferentes asuntos en este municipio, en donde primero se desarma a la Policía, en donde hay diferentes tipos de situaciones delicadas que dejan en estado de indefensión a la población, que es lo más importante. Si ellos su objetivo es garantizar la seguridad, pues de esta manera están desestabilizando esa parte muy importante que es la seguridad”, dijo.

Expresó que estarán a la espera de los informes de las autoridades implicadas y conocer cómo es que se garantizará el derecho de los habitantes a la seguridad pública.

Por su parte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos criticó la imposición del Mando Único a los municipios de Morelos y sostuvo que el impulso de la reforma constitucional para regresar el control a los estados de la seguridad pública, puede ser una estrategia que más que combatir el crimen, busca establecer estados policiacos y autoritarios.

“Debemos admitir que hay municipios del país con nula o escasa cantidad de elementos de la Policía Preventiva, mal preparada y mal pagada, que son rehenes de la delincuencia organizada y del narco, quienes imponen un régimen de terror y de muerte. Sin embargo, en nuestra opinión, lo anterior no se puede generalizar para todo el país y antes que proponer un Mando Único se deben considerar el reforzamiento institucional –incluyendo el área social– y el apoyo presupuestal a esos municipios con nula o escasa fuerza policial preventiva, como sucede en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros estados.

“Tampoco se impulsan mecanismos de contraloría social para que organismos independientes de ciudadanos supervisen y evalúen la actuación de las corporaciones policíacas y de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad y a la delincuencia, en coordinación con el ombudsman, como órganos de consulta, análisis y opinión que proponen regulaciones y procedimientos en la materia.”

En consecuencia, estableció la CIDH, “¿qué motivación hay entonces en los gobernadores para apoyar el Mando Único? Hacerse de más poder mediante una fuerza policial única bajo su mando, que amplíe su control económico, político, social y hasta electoral, aunque para ello haya que reformar otra vez la Carta Magna”.

Caso Tlaneplantla

Por otra parte, la CDHEM inició una queja de oficio por las lesiones sufridas por un joven y la retención de un grupo de policías del Estado de México en la comunidad de Felipe Neri, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

Formalmente solicitó informes a la Comisión Estatal de Seguridad Publica, al secretario de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, así como en vía de colaboración al Hospital General de Cuautla y al titular de la 24ª Zona Militar, quienes tienen un plazo de diez días naturales para informar al organismo.

Además, pidió al secretario de Gobierno implementar las medidas precautorias necesarias para preservar la tranquilidad y la seguridad de los pobladores de la comunidad de Felipe Neri.