Yosmin Castillo Castrejón indicó que buscarán hacer saber incluso al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría –quien habrá de firmar un convenio de colaboración con el gobierno estatal–, que las condiciones en educación no son las idóneas y que la actual gestión se niega a cumplir los compromisos firmados desde el pasado mes de mayo, cuando se pactó la automatización de la nómina de los trabajadores de la educación, pues en ese contexto se estableció que quedaban garantizadas todas las prestaciones existentes para el magisterio.

Denunció que pese a lo que afirman los funcionarios titulares de educación básica, Marina Aragón Celis, directora del IEBEM, y el coordinador de educación básica y normal, Fernando Pacheco Godínez, no se ha cubierto el 100 por ciento de los pendientes.

Externó la preocupación porque en este año ya entra en operación la automatización y federalización de la nómina y no se debió haber dejado deuda alguna, la que debe reconocer el gobierno estatal y no la Federación.

A decir de Castillo Castrejón, se trata del pago a terceros, es decir los descuentos que sí se aplicaron en nómina a trabajadores, pero que no se pagaron a las empresas con las que se habían contratado créditos; el concepto RZ por rezonificación, que se adeuda desde octubre pasado y que podría sumar 13 millones de pesos; así como la llamada nómina saycop, por ajustes en sistemas de operación contable de cómputo.

Además está pendiente el pago para muchos maestros del bono por organización de ciclo escolar y a muchos jubilados el bono del Día del Maestro.

Recordó que hay recursos que ya estaban etiquetados, otros ya fueron descontados de la nómina de los maestros y ahora no se sabe dónde están, por lo que se trata de malversación de recursos y otros posibles ilícitos.

Castillo Castrejón expresó que la exigencia al gobierno es que cumpla con los acuerdos y que ya no haya más dilaciones en el pago.

Advirtió que ya hay más de 300 docentes que están en la disposición de recurrir a demandar al IEBEM por la vía jurídica laboral, para obligar a que se reconozcan y se paguen esos recursos adeudados.