El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que la labor que realiza para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos ha sido en función de aplicar los tratados e instrumentos internacionales establecidos por órganos supranacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
Esto con la finalidad de maximizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en materia político-electoral. A través de un comunicado oficial, el Tribunal mencionó que en este sentido, del primero de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014, el organismo jurisdiccional aplicó 16 instrumentos internacionales en 272 sentencias relacionadas con la libertad de expresión, protección a los derechos políticos de las mujeres, equidad en la contienda, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el acceso a la justicia.
La mayoría de las resoluciones fundamentadas en principios de constitucionalidad y convencionalidad se derivaron de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (191), seguido por recursos de apelación (16), juicios de revisión constitucional electoral (20), recursos de reconsideración (37) y otros (8).
Entre los instrumentos internacionales más citados por las magistradas y los magistrados del TEPJF destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  seguido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, y otros más como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros.