El protocolo, a disposición de mil 250 jueces y magistrados federales y de 800 defensores públicos, contiene reglas de actuación dirigidas principalmente a juzgadores a cargo de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos.

El documento no se limita a casos de tortura, sino que comprende los malos tratos y otros delitos relacionados, como el encubrimiento, intimidación o cohecho, toda vez que el delito suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos.

El protocolo contempla orientaciones para jueces de procesos penales, de ejecución penal y amparo y los del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, para contribuir a garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de tortura.

Este protocolo es el séptimo de la serie de instrumentos elaborados por la Suprema Corte, con los que pretenden ofrecer pautas de actuación a los juzgadores del país en asuntos que involucren derechos humanos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Otros de los documentos emitidos por el máximo tribunal del país que son de observancia obligatoria para jueces y magistrados federales, así como referencia para los poderes judiciales locales, destacan el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” y el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.